Por vez primera un ex presidente de la República fue colocado en el banquillo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se analiza la posibilidad de declarar que el Gobierno del ex presidente Vicente Fox es responsable, por omisión, de las violaciones graves de garantías que sufrió la población de Oaxaca, durante el conflicto magisterial, político y social que se vivió en esta entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.
Durante la revisión de este caso, de manera directa, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo aseguró que el Gobierno Federal "dejó por mucho tiempo en un estado de abandono absoluto al Estado de Oaxaca", al negarle el apoyo de las fuerzas federales que estaba obligado a brindar, con lo que prácticamente se llegó a la situación de que parecía "no haber Estado".
En este punto coincidió el ministro José Ramón Cossío, quien dijo que el Gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación se dedicó a tratar de negociar con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) la solución del conflicto cuando no dicha dependencia no tiene atribuciones para negociar, y menos con un movimiento que había desconocido a los poderes estatales.
Porque, precisó, el Gobierno Federal tenía el mandato constitucional de apoyar al Gobierno Estatal, y la responsable de brindar dicho apoyo era la secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese momento a cargo del ahora ex procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora. Por este mismo motivo, el ministro Genaro Góngora Pimentel también pidió responsabilizar de los hechos, por parte del Gobierno, a Medina-Mora.
Pero el ministro Gudiño fue más allá a la hora de señalar a las autoridades responsables de las violaciones, por omisión, al pedir que señalar al ex presidente Vicente Fox, al fallecido ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y al ex secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina-Mora.
Por lo que se refiere a las autoridades locales, el ministro Genaro Góngora Pimentel, también pidió responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz, por tratar de solucionar el conflicto de manera tardía y por haber ordenado -pese a tener todo en contra- el operativo fallido para desalojar el zócalo de la capital, el 14 de junio de 2006, y que radicalizó el conflicto.
En su oportunidad, como ya lo había hecho público, el ministro Mariano Azuela, como encargado del caso explicó que en el conflicto se registraron dos tipos de violaciones: las que sufrieron las personas ajenas al conflicto; y las que se generaron en contra de los manifestantes por el uso excesivo del a fuerza pública en los operativos.
Pero, dijo, que sólo se podía responsabilizar de estas últimas a las autoridades y, en específico, únicamente a los mandos policiacos, federales y estatales que coordinaron los operativos.
Mientras que el ministro Sergio Aguirre Anguiano se pronunció por declarar que ni las autoridades estatales ni las federales incurrieron en violaciones de garantías, y catalogó a los integrantes de la APPO como un grupo subversivo, que pese a ello eran seres humanos y tenían derechos.
La discusión en torno a este caso continuará en la sesión de hoy.
'JORNADA DE LUCHA'
Mientras que la Corte discutía sobre el conflicto social oaxaqueño, militantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), considerado uno de los grupos más radicales de la APPO, retuvieron en Oaxaca camiones del transporte público, marcharon, cerraron calles y oficinas públicas para exigir al Gobierno del Ulises Ruiz atención a sus demandas sociales y económicas, que se engloban en cuatro ejes: transporte, conflictos agrarios, entrega de recursos públicos y ecología.
