Caso cerrado. Las indagatorias en torno al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño fueron archivadas y el caso cerrado, pese a que existía evidencia de presuntas anomalías en la asignación de contratos de Pemex a una empresa familiar.
Por lo menos veinte acusaciones contra ocho secretarios de Estado presentadas ante la Secretaría de la Función Pública en esta Administración, acabaron en el archivo sin más justificación que la falta de elementos para fincar responsabilidades por presuntas irregularidades.
Incluso, las indagatorias en torno al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño -quien murió en un accidente aéreo en noviembre de 2008-, fueron archivadas y el caso cerrado, pese a que existía evidencia de presuntas anomalías en la asignación de contratos de Pemex a una empresa familiar de transportes, cuando el extinto funcionario se desempeñaba en la Secretaría de Energía en el Gobierno de Vicente Fox.
Sólo en el caso del secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, había nueve expedientes por presuntas irregularidades, pero todos fueron desechados; mientras que a la ex titular de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, ahora coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, se le abrieron cinco investigaciones sin que ninguna tuviera consecuencias.
En ninguno de los casos anteriores, la Secretaría de la Función Pública dio ni los detalles de las faltas ni la argumentación por las que concluyó que no había elementos suficientes para determinar culpabilidad alguna contra los funcionarios federales.
Igual sucedió con el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, quien libró dos acusaciones por opinar, entre otros, sobre la venta de Aeroméxico, y el supuesto beneficio que esto traería a su rival, Mexicana de Aviación.
De acuerdo con una solicitud de información con base en la Ley de Transparencia, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que en el primer trienio de la Administración de Calderón abrió expedientes contra siete secretarios del Gabinete central: Medio Ambiente, Trabajo, Reforma Agraria, Educación Pública, Turismo, Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes.
De esta lista se eliminaron los expedientes que existían, y de los que ya había dado cuenta la propia Función Pública, en contra del fallecido Juan Camilo Mouriño.
OBSTACULIZAN TRANSPARENCIA
Aunque se solicitó claramente que informara los motivos y las consecuencias de las acusaciones, la Función Pública entregó la información incompleta y remitió a una nueva solicitud de información.
"Pido los nombres del o los secretarios o secretarias de Estado del Gabinete del presidente Felipe Calderón que hayan sido o estén aún bajo investigación por parte de la SFP y el motivo del que se derivó la investigación. Cuál es el estado de cada investigación y de las concluidas pido su resultado", fue la petición hecha el 13 de julio pasado con folio 0002700130809.
La Función Pública respondió hasta el 23 de septiembre -incluso en agosto pidió 20 días extra para contestar- y en los casos destinados a archivo resolvió no dar los motivos en la petición con folio 0002700130809 sino que remitió a cada dependencia para que, mediante pago de los expedientes, se pueda saber los motivos que originaron las investigaciones y el por qué resultaron absueltos.
"La información anteriormente señalada está a disposición del peticionario del folio que nos ocupa constante (sic) de un total de 1,708 fojas en copia simple, previo pago del costo de su reproducción (50 centavos por cada hoja)".
Según un análisis de Fundar, centro de análisis e investigación civil, la Función Pública tiene la función de investigar y sancionar las conductas de servidores públicos con el fin de salvaguardar la legalidad y el patrimonio de la administración pública federal.
Sin embargo, para Fundar "es pertinente reconocer el déficit que presenta la Función Pública en su desempeño para cumplir con la misión de consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente".
EL DESGLOSE
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, tiene abierto el expediente DE-154/2009, pero por estar en curso no ofrecieron detalles de la acusación.
En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el anterior titular, Luis Téllez Kuenzler, dejó abiertos varios, apenas unos días antes de su salida de la dependencia tras el escándalo de las grabaciones telefónicas en las que decía, entre otras cosas, que extrañaba al PRI.
Así, los expedientes de Téllez son: QU-015/2008 abierto 29 de julio de 2008; DE-073/2008 abierto 16 de octubre de 2008; QU-006/2009 abierto 17 de febrero de 2009; DE-004/2009 abierto el 17 de febrero de 2009; QU-005/2009 abierto 17 de febrero de 2009. Todos clasificados como reservados y sin precisar el motivo de la investigación.
En el caso de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una "campaña de sabotaje" contra el Gobierno del Distrito Federal y el PRD, en 2007, pero sus expedientes se turnaron a archivo por falta de elementos.
La Función Pública fue escueta en torno a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, pues no proporcionó el número de expediente y sólo informó que hay una investigación abierta, pero reservada por ese motivo sin dar más detalles.
El responsable de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, es el que más casos ha enfrentado pero de todos salió ileso: Nueve expedientes abiertos entre 2007 y 2008 pero todos archivados en mil 708 fojas, sin precisarse la causa de las indagatorias.
Escobar tiene hoy en investigación los folios QU-64/2008 y DE-79/2009 y tampoco se ofreció información del porqué es investigado, precisamente por estar en curso.
A la ex secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, le abrieron cinco expedientes, pero todos fueron concluidos por falta de elementos. Apenas integraron en 31 fojas y fueron cerrados antes de que dejara la Secretaría de Educación Pública para ir en pos de una diputación federal.
Y a Rodolfo Elizondo Torres, de Turismo, le abrieron los expedientes DE-37/2007, concluido el 16 de abril de 2006; DE-19/2008, terminado el 30 de junio de 2008, ambos al archivo por falta de elementos. Todo contenido en 50 fojas.
El 4 de octubre de 2007, Elizondo Torres declaró que la venta de Aeroméxico beneficiaría a Mexicana, mientras que ese mismo día el entonces responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, deslindó al Gobierno del proceso por no ser de su competencia.
Por esta intervención de Elizondo, la Función Pública abrió una investigación pero la envió al archivo por falta de elementos.
El régimen de excepción de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional las excluye de ser revisadas por la Función Pública.
