El presidente Álvaro Uribe sancionó una Ley que otorga ascensos a militares y policías cautivos de las FARC, entre ellos a un oficial de la Policía que alcanzó el grado de general.
La Ley aprobada por el Congreso en diciembre, fue sancionada por Uribe el 5 de enero, informó ayer el Palacio Presidencial en una nota divulgada en su página de Internet.
El teniente coronel de la policía Luis Mendieta, retenido desde noviembre de 1998, fue ascendido al grado de general conforme la Ley y se convirtió en el oficial de mayor rango en manos de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Otros oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía ascendieron al grado inmediatamente superior al que ostentaban al momento de su secuestro, de acuerdo con el texto de la Ley divulgado por la presidencia.
Mendieta, de 50 años, es además el oficial más antiguo en las filas de la Policía, de acuerdo con la dirección policial y parientes.
Las FARC informaron en un comunicado conocido en octubre, que mantenían en su poder a 26 militares y policías, así como a dos ex políticos. Todos son parte de un grupo cuya liberación es condicionada a un canje por guerrilleros presos, aunque el grupo rebelde podría liberar unilateralmente a algunos, según ha anunciado recientemente.
El ascenso “es un reconocimiento por parte de la fuerza pública y del Estado colombiano al sacrificio y a la gallardía con que ellos han soportado su cautiverio”, dijo telefónicamente María Teresa Mendieta, esposa del oficial.
La autora de la ley, Lucero Cortés, representante a la Cámara afín al Gobierno, indicó que se realizará en febrero una ceremonia para formalizar los ascensos y a partir de esa fecha se ajustará el salario de los uniformados, del cual se entrega un 75 por ciento a las familias de los uniformados mientras estén cautivos -el resto se consigna en una cuenta de ahorros que recibirán cuando queden libres-. El del general ascendería a unos ocho millones de pesos (unos 3 mil 600 dólares).
Los militares y policías retenidos por la guerrilla son considerados como agentes activos de la fuerza pública.
