"Atenco no debe quedarse en Atenco; debe ser una oportunidad criterio constitucional y dar contenido y límites humanitarios al uso de la fuerza pública."
José de Jesús Gudiño
La Suprema Corte de Justicia comenzó ayer a discutir el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño sobre las investigaciones en torno a las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por policías federales y mexiquenses el 3 y el 4 de mayo de 2006 contra un grupo de activistas políticos y de pobladores en San Salvador Atenco.
Independientemente de cuál sea la decisión final, la Corte quedará entre la espada y la pared. La Constitución en su Artículo 97 le da al tribunal la facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales, pero no de convertirse en ministerio público para fincar acusaciones a los presuntos responsables.
Si los ministros determinan que no hubo violaciones a las garantías individuales, serán cuestionados por las organizaciones políticas y no gubernamentales que organizaron las movilizaciones y el bloqueo de la carretera Lechería-Texoco y las cuales concluyeron en las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Si, por el contrario, los ministros deciden que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales, serán cuestionados no sólo por los políticos y policías que se verán afectados en el caso sino por las organizaciones políticas y no gubernamentales, las cuales los acusarán de debilidad por no poder fincar responsabilidades jurídicas a los presuntos responsables.
La información disponible hasta este momento sugiere, a mi juicio, que sí hubo violaciones a las garantías individuales de pobladores y activistas políticos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del 2006. Pero también nos muestra que esos grupos violaron la ley al bloquear vías de comunicación y espacios públicos y golpear severamente a los policías que primero entraron a San Salvador Atenco el 3 de mayo.
La Corte, desafortunadamente, no puede estudiar más que un lado de la moneda. Las autoridades mexiquenses y las federales tienen la obligación de liberar espacios públicos tomados por activistas y en todo caso de ejercer acción penal en contra de quienes hayan cometido delitos. Pero los ministros sólo pueden investigar los abusos de la autoridad que hayan resultado en violaciones a las garantías individuales.
Durante mucho tiempo se dio por hecho en nuestro país que las acciones de la autoridad en el intento por mantener el orden público no podían ser objeto de ninguna inquisición judicial o política. Hechos como la matanza de Tlatelolco en 1968 o el halconazo de 1971 fueron simplemente aceptados por el sistema político y judicial como un costo inevitable en la tarea de preservar la estabilidad del Estado mexicano. Hoy hemos llegado al extremo opuesto; la autoridad se niega a cumplir con su responsabilidad, por ejemplo de mantener abiertas las vías de comunicación o impedir la privatización de los espacios públicos por grupos políticos, para no enfrentar críticas, cuestionamientos o procesos legales como el que hoy lleva a cabo la Corte.
No habrá determinación de los ministros que les evite críticas, como lo señalé con anterior. Pero coincido con el ministro Gudiño en el sentido de que es indispensable que el máximo tribunal evalúe los hechos de Atenco.
Como país necesitamos desarrollar criterios sobre el uso de la fuerza pública. No podemos vivir en un país en el que cualquiera puede bloquear una vía de comunicación o tomar una plaza pública con la confianza de que la autoridad no se atreverá a intervenir. El costo económico y social que tiene esta parálisis de la autoridad es demasiado grande. Si la autoridad no puede intervenir en estos casos, México estará condenado a vivir en la ley de la selva.
Pero si bien debe ser justificable el que la autoridad utilice la fuerza pública para liberar o mantener la integridad de los bienes públicos, no podemos permitir que quienes participan en actos de protesta sean objeto de abusos una vez que ya han dejado de presentar resistencia ante la autoridad. Es inevitable usar la fuerza pública para detener a activistas que bloquean una carretera, pero no abusar de ellos una vez que están detenidos.
Tal vez sea absurdo que los ministros tengan que estar discutiendo un tema que en otros países ya ha quedado claramente delimitado. Pero es mejor hacerlo ahora que seguir postergando la decisión. Necesitamos una fuerza pública que cumpla con sus facultades legales, que mantenga abiertas las vías de comunicación y las plazas públicas, pero que entienda también que debe hacerlo ajustándose a la ley.
Ayer murió Eluana Englaro, la italiana de 38 años de edad que permanecía en un estado vegetativo desde hace 17 años. A pesar de la resistencia del gobierno de Silvio Berlusconi y de la Iglesia Católica, la familia logró que se dejara de alimentar e hidratar a la mujer, la cual murió con mayor rapidez de lo que se pensaba. Es inaudito, sin embargo, que las autoridades eclesiásticas y políticas de Italia hayan obligado a que se mantuviera a esta mujer en un estado vegetativo durante tanto tiempo. Tras el disfraz del respeto a la vida, hay muchas veces una crueldad inusitada de políticos y jerarcas clericales que no permitiríamos se ejerciera en contra de un animal.
