Al presentarse hoy ante la Comisión de vigilancia de la Auditoría superior de la Federación su titular Arturo González de Aragón, quedará abierto el procedimiento para determinar si él mismo es elegido para un nuevo periodo de ocho años, o si se abre una convocatoria a que acudan profesionales capaces de encabezar ese órgano de fiscalización del dinero público. González de Aragón está dispuesto a permanecer en su cargo, tiene interés en ello. Por eso el 27 de octubre anunció a la diputada Estela Damián Peralta, presidenta de dicha Comisión de vigilancia su "voluntad de hacer uso de la expectativa de derecho" que le permitiría demandar de dicho órgano legislativo y del pleno de la Cámara de Diputados, su reelección o una explicación sobre las causas de que no se le deje en el cargo. Agregó el auditor su convicción de que tiene "un derecho" en tal sentido, fundado en la Constitución y en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación.
Ninguno de esos ordenamientos, es verdad, establece con claridad y precisión el procedimiento para reelegir al jefe de la ASF, pero la Suprema Corte de Justicia -que negó amparo al predecesor de González de Aragón con base en esa vaguedad de las normas, ha sentado en casos semejantes principios atendibles. El máximo tribunal ha establecido que "la ratificación no es una mera alternativa o posibilidad, sino un derecho adquirido, a menos que existan motivos graves que lo impidan". Y ha sentenciado también que ciertos funcionarios "no podrán ser removidos de sus cargos por la sola conclusión del periodo para el que fueron nombrados, sin un dictamen valoratorio que funde y motive la causa para no ratificarlo".
Ante la insuficiencia de la norma jurídica -que podría remediarse con las reglas que rigen a la remoción, según sugirió a los diputados el contador González de Aragón, al invocar el Artículo 82 de la mencionada Ley de fiscalización-es preciso determinar si existe esa expectativa de derecho, si los diputados están dispuestos a respetarla y si, por lo tanto, emitirían un dictamen donde se expliquen las causas graves que impedirían la reelección, dictamen que debería ser aprobado por dos terceras partes de los diputados presentes. Se ha divulgado una opinión presuntamente formulada por la "oficina jurídica" de la Cámara -entidad inexistente, al menos con ese nombre-según la cual no hay por qué reconocer al auditor esa expectativa de derecho. Por lo contrario, se sugiere que González de Aragón debe renunciar a su cargo, esperar a la convocatoria respectiva e inscribirse como un aspirante más, justamente como lo hizo hace ocho años, cuando a su antecesor Gregorio Guerrero Pozas la Cámara le negó un derecho ganado en el desempeño de su labor. En funciones semejantes, pero especialmente en una que involucra la defensa de altos intereses republicanos como la rendición de cuentas y la fijación de sanciones a quienes incumplen la Ley en el ejercicio del gasto público, no es lícito ni lógico prescindir de un funcionario que no ha sido tachado, sin explicar los motivos de esa decisión. Es de temerse que haya fraguado la intención, expresada sin embozo por César Nava, diputado y presidente del PAN, especialista en desperdiciar oportunidades de guardar silencio, que censuró la actuación del auditor sin aportar elementos que precisaran la causa de su rechazo. Mediante el procedimiento que pretendería aplicar la Comisión de vigilancia, presidida por una diputada perredista que estaría jugando el mismo juego que el dirigente panista, los intereses afectados por la gestión de González de Aragón se lo quitarían de encima sin necesidad de explicar a la sociedad la causa de ese rechazo, algo que probablemente no puedan hacer si se les fuerza a ser explícitos. Como responsable de examinar la cuenta pública del primer Gobierno panista en una Cámara plural, González de Aragón ganó la inquina de miembros poderosos del Gabinete de Vicente Fox. Entre ellos contó de modo perceptible el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que lo sometió a tres auditorías fiscales e indagó el eventual conflicto de intereses entre su función y las actividades del despacho de contaduría que dirigía hasta su elección como auditor, y ahora operado por sus hijos. Como no es infrecuente en conflictos concernientes al poder, fue también víctima de "guerra sucia", como la difusión por televisión -que no fue antecedida ni seguida por la denuncia penal correspondiente-de documentación bancaria que lo mostraba recipiendario de recursos procedentes de la Partida Secreta manejada por el presidente Carlos Salinas. Si hubo ilegalidad en la recepción de esos muy cuantiosos recursos, no lo sabremos formalmente porque no se realizó ninguna pesquisa ministerial sobre el caso. Lo único que interesaba era poner en jaque la probidad y la imagen pública del fiscalizador del gasto público.
Aunque abunda evidencia que comprueba un eficaz desempeño de la Auditoría al mando de González de Aragón, el resultado de su gestión puede ser irrelevante a causa del perverso sistema de vasos comunicantes que deforma la designación de funcionarios en las cámaras, y los sujeta a intereses que se reparten parcelas de poder y de influencia. Por eso es exigible que la Comisión de vigilancia de la Cámara actúe con transparencia y antes de convocar a aspirantes explique, si es el caso, las causas por las que no es reelegido González de Aragón. A ver si se atreven a hacerlo...
