Los gobiernos estatales ejercen 38 centavos de cada peso del presupuesto federal sin mecanismos eficaces de rendición de cuentas.
Pese a que de 1998 a la fecha ha crecido de forma exponencial la proporción de recursos federales que son ejercidos, no hay transparencia en la supervisión del gasto.
En la mayoría de los casos, las Auditorías Superiores a nivel estatal están ocupadas por personajes cercanos al gobernador; los institutos de transparencia locales funcionan sin personal ni recursos suficientes, y los congresos estatales no son contrapeso, pues en la mayoría de los casos el partido en el poder tiene mayoría.
Una revisión deja ver que de los 32 auditores y contadores mayores al menos 19 tienen perfiles que ponen en duda su imparcialidad: militan en el mismo partido del Gobernador, fueron funcionarios de las administraciones que auditan, fueron colocados por presiones del mandatario o, incluso, han estado involucrados en actos de corrupción.
Un estudio publicado en 2009 por el CIDE advierte que el número de funcionarios adscritos a los institutos de transparencia estatales es insuficiente para llevar a cabo sus funciones.
Los ejemplos más críticos son Baja California y Puebla, que cuentan con sólo cuatro y nueve funcionarios, respectivamente.
Tampoco la Auditoría Superior de la Federación tiene todas las herramientas para fiscalizar a los gobernadores, pues sólo está facultada para revisar uno de los dos ramos más importantes que conforman el gasto federalizado, el 33.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que la manera en la que los Estados ejercen sus recursos es una versión a escala del poder que tenía el presidente de la República en el siglo XX.
