Montemayor acudió a la Corte como su última instancia argumentando que el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades Públicas en el que se sustentó su inhabilitación era inconstitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no amparar al ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor, en contra de la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública para que no pueda ejercer ningún cargo público durante un periodo de 20 años.
El ex gobernador de Coahuila fue inhabilitado por la secretaría de la Función Pública después de que ésta llegara a la conclusión de que participó en el presunto desvío de recursos de la paraestatal al sindicato petrolero, en el caso conocido como el Pemexgate.
Como parte de las sanciones impuestas a Montemayor, la secretaría también le fijó una multa de alrededor de mil 400 millones de pesos, pero en contra de esa medida el ex funcionario obtuvo un amparo que le concedió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en la ciudad de México.
Al revisar su caso, el amparo que había ganado contra la multa se mantuvo intocado, porque la Corte sólo revisó la impugnación que presentó en contra de su inhabilitación.
Montemayor acudió a la Corte como su última instancia argumentando que el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades Públicas en el que se sustentó su inhabilitación era inconstitucional, porque en su opinión, como director de Pemex, sólo podía ser sujeto de un juicio político.
El ex funcionario pidió la protección de la justicia federal porque, alegó, el director de Pemex está incluido entre las autoridades que pueden ser sujetas de juicio político y, por tanto, argumentó, no se le podía aplicar una pena administrativa.
Pero los ministros de la Segunda Sala de la Corte no le concedieron la razón. Los ministros coincidieron en que al igual que a los demás funcionarios públicos federales, el director de Pemex no sólo puede ser sometido a juicio político, sino que también se le pueden fincar responsabilidades administrativas, penales y civiles, según sea el caso.
