La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el impuesto de 10 por ciento a los automóviles usados importados, conocidos como "chocolate", a fin de no afectar la economía nacional con el ingreso indiscriminado de automotores.
La Segunda Sala determinó que es improcedente la protección de la justicia contra el decreto emitido el 22 de diciembre de 2008 por el presidente Felipe Calderón, para imponer requisitos y el impuesto "ad-valorem" a los automóviles usados procedentes del extranjero.
Los integrantes de la Sala consideraron que suspender esta medida ocasionaría perjuicios al interés social y al orden público, pues el Estado mexicano al emitir estas reglas y tributo protegió la economía nacional.
Los ministros abundaron que el arancel y otros requisitos pretenden impedir la importación definitiva de vehículos usados, cuya circulación está restringida o prohibida que en el país de origen, por sus características físicas o técnicas, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado.
De igual manera, puntualizaron que dichas medidas tiene el propósito de "regular la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, para asegurar una calidad del aire satisfactoria" para la población y el medio ambiente.
Al resolver una diferencia de opiniones entre dos tribunales de Circuito, la Corte subrayó que se debe contar con información actualizada y pertinente respecto al comportamiento del mercado de vehículos usados y la delincuencia, además de proteger a la ciudadanía.
