Las legislaturas de los estados dieron ya el aval a las modificaciones constitucionales conocidas coloquialmente como ley de salarios máximos, que impide que servidores públicos ganen más que el Presidente de la República. Ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
La Ley de Salarios Máximos fija topes a las percepciones de los servidores públicos y cancela la posibilidad de que alguno pueda recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.
El pasado 28 de abril el senador Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien presentó la iniciativa desde el 9 de noviembre de 2006, defendió el dictamen en la tribuna del Senado luego de que la Cámara de Diputados le hizo cambios.
El texto, procedente de la Cámara de Diputados donde se le hicieron cambios, reforma y adiciona los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución en materia de regulación de salarios de servidores públicos.
Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional (PAN), también dijo ese día en la tribuna que se incluyen tabuladores en todos los presupuestos, ya sea en el federal como en cada una de las entidades federativas, y la exclusión de lo que se entiende por percepción de las aportaciones del fondo para el retiro y ahorro de préstamos para créditos.
A su vez, el senador Francisco Arroyo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que la reforma abre la posibilidad de una eventual controversia porque uno de los puntos centrales, relativos a no superar el monto que gana el Ejecutivo, se puso en los artículos transitorios.
Dijo sin embargo en tribuna que este es un "asunto de Estado" en el que difícilmente se puede estar en contra.
Creel Miranda habló a favor de la minuta y destacó que el Ejecutivo federal presentó en enero de 2007 una reforma similar, y como diputado federal en la 58 legislatura el presidente Felipe Calderón propuso un cambio en ese mismo sentido.
