Medidas sanitarias. Los senadores panistas Ulises Ramírez, Gustavo Madero y Rubén Camarillo se someten a un estricto dispositivo de seguridad e higiene debido a la contingencia declarada por el brote de influenza humana. EL UNIVERSAL
En la última y maratónica sesión del Senado, blindada higiénicamente por la influenza, aprobó la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que sustituye a la Policía Federal Investigadora por la Policía Federal Ministerial.
La nueva Ley establece evaluar a todo integrante de esta nueva institución en un plazo de 30 días y de 60 días para todo el personal de la Procuraduría.
Con 79 votos a favor y una abstención, fue propuesta por el presidente Felipe Calderón, a quien fue turnada para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
Establece nuevas bases para la PGR y se crean coordinaciones regionales bajo criterio del fenómeno criminal, dota de nuevas facultades al Ministerio Público federal, explicó Alejandro González Alcocer PAN), presidente de la Comisión de Justicia del Senado.
Asimismo, devolvieron con cambios a la Cámara de Diputados reformas a la Ley de la Policía Federal -permite a la nueva policía a escuchar conversaciones telefónicas e intervenir Internet, con el fin de prevenir el delito- y a la Ley de Extinción de Dominio, que busca incautar bienes a la delincuencia organizada.
La oposición en el Senado y algunos senadores panistas revivieron ayer una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, derivada de contrataciones irregulares realizadas por Guillermo Valdés Castellanos, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En mayo del año pasado se reveló que Valdés contrató a una empresa irregular -propiedad de Laura Ballesteros- para dar seguimiento al Poder Legislativo, lo que derivó en julio en una exigencia de toda la oposición al presidente Felipe Calderón para que renunciara, lo cual fue rechazado por el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
En una maratónica sesión, la última del periodo ordinario, los senadores aprobaron una serie de reformas en materia de justicia; en las tres últimas sesiones aprobaron más de 20 dictámenes en promedio en cada una, las últimas dos ya bajo un estricto cerco sanitario derivado de la pandemia por el virus de influenza humana.
También modificaron la Ley Federal de Seguridad Privada para regular a quienes se desempeñan en el ámbito de la seguridad personal, para enfrentar el delito de secuestro.
Los secretarios de Estado o funcionarios que al comparecer ante el Congreso no se conduzcan con verdad, podrán ser sancionados con base en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos e incluso hasta el Código Penal, según una reforma aprobada ayer por el Senado a la Ley Orgánica del Congreso.
