PACHUCA, HIDALGO.- Gracias a la "asesoría" de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el primero de septiembre el Gobierno de Hidalgo tendrá listas las 715 hectáreas del polígono que ofrece a Pemex para la nueva refinería, afirmaron fuentes de ambas instancias.
La SRA ha confirmado que Hidalgo cuenta ya con títulos de propiedad de 648 hectáreas, y sólo le hacen falta 48 hectáreas de terreno de uso común que quedaron dentro del trazo del polígono, y las 19 hectáreas de los ejidos intestados.
Para acortar lo más posible el trámite de adquisición de las áreas de uso común, la autoridad agraria federal respondió a una solicitud de asesoría del Gobierno del priista Miguel Ángel Osorio Chong, en la que plantearon que con las cuatro asambleas ejidales convocadas para el 1 de septiembre se podría zanjar ese pendiente.
El viernes pasado se reveló que además de tramitar la privatización de tierras ejidales para poder comprarlas, el Gobierno Estatal debía gestionar la adquisición de las áreas de uso común, lo que le llevaría entre 30 y 60 días.
Tres días después, el Osorio Chong admitió la necesidad de realizar ese trámite y anunció que los Comisariados Ejidales de esos núcleos agrarios publicarían la convocatoria.
Asesorado por especialistas en derecho agrario del Registro Agrario Nacional y de la SRA, el Gobierno Estatal espera recibir como aportación al Estado, de parte del núcleo agrario, las 48 hectáreas de uso común, para que el trámite sea inmediato. Si buscara que las áreas de uso común se parcelaran a favor de un ejidatario, para que éste tramitara un título de propiedad y luego pudiera vender esas tierras al Gobierno, tardaría al menos 60 días más.
Para lograrlo, los Comisariados Ejidales tienen que realizar asambleas, convocadas con 30 días de anticipación, en las que esté presente al menos el 75% del total de titulares de las parcelas que conformen el ejido, así como la Procuraduría Agraria.
Una vez conseguida la conversión a tierras para asentamiento humano, se recomendó al Gobierno de Hidalgo proponer al ejido que en el mismo acto solicite la aportación de esas hectáreas al Estado para dedicarlas a servicios públicos, a fin de lograr hacerlo inmediatamente, de acuerdo con la facultad del Artículo 64 de la misma Ley.
Sin embargo, para que ello ocurra se tienen que ajustar a normas de la Secretaría de Desarrollo Social, para que no se convierta en un acto impugnable de parte de algún ejidatario inconforme.
