Deficiencias. En la actualidad, México registra desiguales usos de las computadoras y de las redes de información. ARCHIVO
México asume el objetivo de dar acceso a todos los habitantes del país al uso de computadoras y la Internet en hogares, centros de trabajo, escuelas, parques y lugares públicos, en la nueva Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
Este paso adelante fue concretado en la Cámara de Diputados, despues de dos décadas, en las que el mundo ha vivido la revolución digital, de trascendencia equiparable a la que tuvieron la imprenta, la máquina de vapor y la energía eléctrica, señalaron los legisladores en el dictamen que aprobó el pleno el pasado jueves.
La nueva Ley, que pasó a revisión de la Cámara de Senadores, ordena responsabilidades diversas para hacer posible que personas, comunidades, empresas y el Gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal accedan a la era electrónica.
El acceso inalámbrico a Internet de manera irrestricta; la utilización de equipos electrónicos en procesos productivos en empresas de todo tamaño, así como la realización de trámites gubernamentales "en línea", son tareas que facilitará la Ley.
Ordena que el Gobierno Federal disponga de una Agenda Digital Nacional, con una visión de veinte años para el desarrollo de la sociedad de la información. Los objetivos, planes, programas, tendrán impacto a través de los sexenios.
En la actualidad, México registra desiguales usos de las computadoras y de las redes de información: Una pequeña minoría de la población, empresas, universidades y dependencias de Gobierno tiene niveles de primer mundo; un sector usa de manera elemental las nuevas tecnologías, en tanto que "la gran mayoría de los mexicanos nunca ha tenido la oportunidad de asomarse a la realidad de las computadoras e Internet", expuso la Comisión de la Función Pública en su dictamen.
La Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información surgió de las deliberaciones de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, que se integró en diciembre del año 2006 y que convocó en San Lázaro a expertos, académicos, sector privado, gubernamental y sociedad civil.
