Senadores del PAN y PRD presentaron ayer un paquete de reformas a las leyes de Presupuesto y Coordinación Fiscal, para obligar a los gobernadores a cumplir con diversos controles del gasto, en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Luego de que la mayoría priista en la Cámara de Diputados desechó los "candados" propuestos por la Secretaría de Hacienda para terminar con la opacidad en el ejercicio del gasto federalizado, los senadores pretenden establecer mecanismos de control obligatorios, que se impondrán por Ley.
El proyecto, que fue turnado a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, plantea establecer nuevas disposiciones para regular los fondos del Ramo 33 que se entregan a estados y municipios.
Entre los mecanismos de control se incluye etiquetar los recursos por programas.
Además, se limita el ejercicio de las partidas presupuestales cuando los estados presenten adeudos con la Federación en el pago de las contribuciones federales y otras obligaciones.
En una especie de reedición de las medidas propuestas por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, los senadores del PAN y PRD plantean limitar el ejercicio de recursos a los gobernadores que no cuenten con indicadores de resultados de gasto federal.
La restricción también aplicará a los estados que no presenten informes trimestrales que indiquen monto, erogación, destino y resultados.
"Se pretende dar un paso indispensable en la calidad del gasto otorgado a entidades y municipios, que no en pocas ocasiones se ejerce sin compromisos ni parámetro alguno.
"Eso incluye nuevos métodos para definir objetivos, indicadores de desempeño y metas para los programas federales y estatales, con el fin de incorporar, paulatinamente, información del desempeño en las decisiones presupuestarias", señala el proyecto.
La iniciativa establece nuevas obligaciones para Hacienda, como dar acceso al sistema de información de gasto de las entidades federativas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a las instancias de fiscalización, de control y de evaluación de los estados que lo soliciten.
Por otro lado, la ASF fiscalizará el destino de los recursos según los fines para los cuales fueron otorgados, con el objeto de establecer sanciones contra funcionarios que no hayan entregado la información en los términos establecidos por Hacienda.
El documento detalla que, en el caso de la Ley de Coordinación Fiscal, se busca que las entidades informen trimestralmente a la SEP sobre los pagos retroactivos realizados durante el periodo correspondiente.
En el informe deberán incluir las plazas correspondientes y el periodo que comprende la erogación.
El proyecto está firmado por los senadores Federico Döring, del PAN, y Minerva Hernández, del PRD.
