Como parte del procedimiento legal que se sigue cuando se emite una 'ficha roja', en el momento en que Interpol México tenga la orden de captura internacional la Procuraduría General de la República (PGR) deberá solicitar a un juez federal la aprehensión provisional con fines de extradición de la estudiante.
La defensa de Lucía Morett Álvarez, la estudiante mexicana acusada de delitos asociados con el terrorismo por el gobierno de Colombia, solicitará a la Interpol que revoque la "ficha roja" que emitió para que sea localizada y detenida en 187 países, al considerar que la organización está impedida a intervenir cuando los casos que se le presentan tiene tintes políticos.
Hugo Rosas, abogado de la joven, señaló en conferencia de prensa que los estatutos de la Policía Internacional prevén la posibilidad de que cualquiera de las partes implicadas pueda solicitar a su área jurídica revisar las pruebas que existen contra un inculpado, y a partir de esa valoración determinar si retira o no la llamada "ficha roja" que se boletina mundialmente para detener a un presunto fugitivo.
El representante legal adelantó que este mismo jueves remitirán esta petición a la Secretaría General de la Interpol, pues de acuerdo con Rosas las acusaciones contra Morett Ávarez no tienen fundamento y el gobierno de Colombia sólo pretende dañar la credibilidad de su cliente como testigo clave del ataque de marzo de 2008 al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde murió el número dos de ese grupo, Raúl Reyes.
Como parte del procedimiento legal que se sigue cuando se emite una 'ficha roja', en el momento en que Interpol México tenga la orden de captura internacional la Procuraduría General de la República (PGR) deberá solicitar a un juez federal la aprehensión provisional con fines de extradición de la estudiante, y sólo hasta que éste la gire se podrá cumplimentar la petición del gobierno colombiano.
En la misma conferencia, que titularon ¡Mi hija no es terrorista!, Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, los padres de la estudiante, rechazaron que ella sea responsable de los delitos que se le imputan y sostuvieron que más bien fue víctima de las milicias colombianas que ahora pretenden criminalizarla.
Por ello, exigieron una posición clara al gobierno mexicano para que defienda a la joven y niegue su extradición por tratarse de un caso político.
