MÉXICO, DF.- La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados alertó que en México 16 mil menores de edad son explotados sexualmente cada año, y alrededor de 85 mil son usados en actos de pornografía.
Según reportes de asociaciones ciudadanas, de estudios internos y de datos de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América latina y el Caribe, en México hay 21 estados que concentran el negocio del turismo sexual.
La secretaria de la comisión de Equidad y Género, la perredista Holly Matus refirió que es necesario formular respuestas eficaces, pues la trata de personas tiene el carácter de clandestinidad y de operación subterránea, lo cual no permite dimensionar la problemática ni conocer realmente el número de víctimas de este crimen.
"Más allá de las cifras, no puede perderse de vista que les han suspendido todos sus derechos, han sido literalmente sustraídas del tejido social e incorporadas al intercambio de mercancías", abundó.
Y es que la comisión de Equidad y Género con base en cifras oficiales, denunció que la trata de personas es uno de los tres negocios más lucrativos para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.
Según estimaciones internacionales, la trata de personas produce ganancias por 9 mil 500 millones de dólares anuales, en todo el mundo.
En el caso de México, existen por lo menos 15 bandas delincuenciales que se dedican al tráfico de personas, sin que las autoridades mexicanas estén al nivel para poder combatirlas y sancionarlas conforme a los índices internacionales.
Las principales afectadas, mencionó, son niñas, niños y mujeres pobres a las que se les engaña o coacciona con promesas de una vida mejor a través de empleo, oportunidades de educación o matrimonio.
Hoy en día existen iniciativas rezagadas en la Cámara de Diputados, entre ellas, una de reformas a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y adicionar el Artículo 35 bis a la Ley General de Población, para garantizar la integridad personal de las víctimas y gestionar su cambio de identidad o se le adjudique un nuevo lugar de residencia cuando vea amenazada su vida.
Según la comisión no existe respaldo social alguno para las personas que sufrieron algún tipo de explotación, por ello las normas deben garantizar atención médica, psicológica y jurídica. La iniciativa que también quedó en la lista de pendientes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara Baja, prevé que las personas extranjeras víctimas de trata que hayan ingresado irregularmente al país o cuyo permiso de residencia haya expirado, podrán permanecer en territorio nacional mientras dure el proceso judicial.
Las autoridades migratorias aplicarán en todo momento los principios de no devolución e interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
