La eliminación de la tenencia obligaría a los gobiernos locales a disminuir hasta 100% los programas sociales y de inversión pública, advirtió la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
"La eliminación del impuesto en 2009 conllevaría una disminución sustancial de los presupuestos destinados a programas sociales y a inversión pública que podrían ir desde 25% y hasta 100%, dependiendo de la entidad de que se trate, afectando el otorgamiento de apoyos a población con mayor índice de marginación, así como la inversión en obras públicas generadoras de empleo y bienestar a la sociedad de nuestro país", expuso la comisión.
En una carta enviada a la Cámara de Diputados, el líder de los funcionarios fiscales, Luis Videgaray, reconoció que la pura expectativa de derogación de la tenencia ya causó un perjuicio para la recaudación.
EL UNIVERSAL difundió ayer que 20 entidades federativas y el Distrito Federal sufrieron contracciones en la recaudación de la tenencia, en donde el caso más dramático es el de Aguascalientes con una contracción de 89.9%; en enero, el total de la recaudación por este gravamen retrocedió 9% en términos reales.
Videgaray dijo que las entidades federativas enfrentarán una caída "sustancial" de sus ingresos en el 2009 derivado de la crisis económica y de la incertidumbre generada por la Cámara de Diputados de eliminar la tenencia.
Inclusive, mencionó que en los primeros dos meses del año, la afectación ha sido de alrededor de 12 mil millones de pesos para las entidades federativas y municipios.
"En tal sentido, sería fiscalmente inoportuno eliminar el impuesto en un año con fuerte deterioro en las finanzas públicas estatales y municipales", expuso el secretario de finanzas del Estado de México.
Agregó que esa situación sumada a la disminución observada en otras contribuciones como el Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), el decremento en el Impuesto Sobre Nóminas dada la disminución de la planta laboral observada principalmente en la industria manufacturera, provocará que los gobiernos locales acentúen sus presiones financieras para sostener programas de inversión pública.
Firmada por todos los secretarios de finanzas estatales, los tesoreros demandaron a la Cámara de Diputados que ante la falta de un mecanismo resarcitorio de ingresos, es conveniente mantener la tenencia en sus términos previstos en la ley.
