"Los derechos individuales son la forma de subordinar la sociedad a la ley moral."
Ayn Rand
Imagine usted que un bien público se privatiza de forma gratuita para el lucro de un grupo privado y que esta privatización impide que una mujer en silla de ruedas pueda ir a trabajar.
La situación provocaría en la enorme mayoría de los casos que el ejército de las causas políticamente correctas se presentara a defender los derechos de la discapacitada y a cuestionar las privatizaciones corruptas. Sólo que en este caso el bien público es una calle y la privatización gratuita se ha realizado para beneficiar a los líderes y locatarios de un mercado sobre ruedas.
Este hecho cambia la posición de las buenas conciencias. Las calles, después de todo, no son para ellas como los demás bienes públicos. Lo políticamente correcto es que se privaticen para lucro.
La mujer que está peleando su derecho a utilizar la vía pública para entrar y salir de su casa se llama Covadonga Pérez. Tiene 50 años de edad y es presidenta de Mujeres en Serio, una organización de mujeres con discapacidad (Reforma, 19.04.09).
Como tantas otras personas en el país, ha cometido el pecado de vivir en la calle Elisa de la colonia Nativitas del Distrito Federal, la cual usufructúa un tianguis los martes y los jueves.
Todos los vecinos de la calle se enfrentan al problema. Si bien tienen obligación de pagar impuestos, entre ellos el predial, no gozan del derecho de libre acceso a sus viviendas. Las autoridades perredistas del Distrito Federal, pese a que afirman ser de izquierda y se han pronunciado públicamente en contra de las "privatizaciones", protegen a los líderes de los tianguistas,
El problema de Covadonga Pérez se multiplica a lo largo y ancho del país. En un afán populista el presidente Luis Echeverría creó en la década de 1970 el Programa Mercado Sobre Ruedas con el supuesto objetivo de acercar a la población productos del campo a un precio inferior al de los mercados, tiendas o supermercados tradicionales.
Los dados han estado siempre cargados para generar una competencia desleal. Los tianguis no están sujetos a los mismos requisitos y exigencias que las tiendas regulares. No tienen que pagar electricidad ni servicios, ni tampoco que cubrir impuestos o las prestaciones de ley a sus trabajadores. La principal ventaja desleal, sin embargo, la otorga el hecho de que estos mercados sobre ruedas se colocan sobre la vía pública, lo cual garantiza un mayor flujo de clientes sin necesidad de comprar o alquilar un local.
La medida de Echeverría, supuestamente destinada a combatir la inflación y eliminar el intermediarismo, no logró estos propósitos. La inflación surgía del gasto excesivo del Gobierno en tanto que los intermediarios comerciales simplemente fueron reemplazados por nuevas mafias que vendían los lugares en los tianguis a cambio de dinero y de apoyos al PRI.
El problema principal cuando se privatizan los bienes públicos es que no hay reglas que permitan la convivencia. En los países que gozan de un real Estado de Derecho, las calles y las avenidas son el bien público por excelencia. Están hechas para todos. En ninguna sociedad civilizada, ni siquiera en las que más firmemente defienden el capitalismo, se contempla su privatización total o parcial. En México la privatización se hace de hecho aunque no de derecho. Las autoridades venden protección a los grupos beneficiarios, pero no dejan de reconocer que la calle es un bien público. Por eso no saben qué hacer cuando una persona, como Covadonga Pérez, exige que se le reconozca el derecho a utilizar la calle como bien público.
La tierra para la nueva refinería en Tula es 16.7 veces más cara que en Louisiana (Reforma, 18.04.09). El sindicato impone también costos más elevados en un negocio con márgenes de centavos y no de dólares. Al paso que vamos la nueva refinería producirá gasolina más cara que la que importamos de Estados Unidos.
