La acción concertada de tres secretarías de Estado contra el sindicato minero ha abierto un grave riesgo de violencia en Cananea, que puede concretarse en cualquier momento, incluso entre la hora de escribir estas líneas y la de su lectura. Cuatrocientos agentes de la Policía Federal Preventiva, enviados por la Secretaría de Seguridad Pública llegaron el martes a aquella población, dispuestos a poner la mina en manos de la compañía que lleva el nombre de la ciudad, después de recuperarlas por la fuerza. Durante el miércoles no se atrevieron a dar ese paso, pero según lo afirma el alcalde panista, su sola presencia provoca un "sentimiento de zozobra en la comunidad". Por ello pidió al presidente de la República el retiro de esos agentes.
Es improbable que el Ejecutivo acuse recibo de esa carta del presidente municipal Luis Carlos Cha Flores. De hacerlo, no podría satisfacer el pedido del munícipe, porque la presencia policiaca responde a una política gubernamental. Tan claramente es así que el ex secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar, el primero en embatir contra la organización minera y su líder Napoleón Gómez Urrutia (en una operación fallida que pretendió entregar al sindicato a una dirección espuria) será diputado federal, pues el miércoles quedó inscrito en la lista de los candidatospor la vía plurinominal. Si su infracción a la ley, reconocida por tribunales federales fuera reprobable en el PAN no hubiera figurado en esa lista. Y al contrario, los méritos que realizó aunque no tuviera éxito a la postre, quizá le están siendo reconocidos.
El nuevo episodio de la pugna gubernamental contra el sindicato minero, emprendida en nombre y representación del Grupo México no sólo golpea a esa organización obrera, sino que constituye un grave antecedente contra el derecho de huelga en general. Estando en esa situación jurídica, es decir suspendidas las labores legalmente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje accedió al pedido de la empresa de dar por terminada su relación laboral con mil cien trabajadores. Como dijo el abogado Salvador Rocha Díaz al informar triunfalmente del laudo favorable a la empresa, no habiendo contrato colectivo ya no hay huelga, cuando lo apropiado sería afirmar lo contrario; no puede haber terminación de la relación de trabajo porque hay huelga.
La empresa acudió a este recurso extremo después de intentar y lograr hasta tres declaratorias de inexistencia de la huelga iniciada el 30 de julio de 2007 por violaciones al contrato (que ahora se declara fenecido) en materia de seguridad e higiene. Las tres veces en que en esos casi veintiún meses la junta se alineó a los intereses de la empresa, tribunales de amparo revirtieron cada decisión y garantizaron al sindicato su derecho de huelga. Ésta es legal y sólo se resolverá por acuerdo entre las partes o por una decisión de la justicia laboral respecto de la huelga misma.
La empresa y el Gobierno pusieron en práctica una nueva estrategia. El 5 de marzo el Grupo México solicitó a la Secretaría de Economía una inspección para determinar el estado de las instalaciones de Cananea. Esa secretaría debió rehusarse a tal acción argumentando que la huelga imposibilitaba esa tarea administrativa. Pero realizó la evaluación solicitada el 11 de marzo y el 20 resolvió que no era posible reiniciar trabajos por las graves afectaciones que los equipos habían sufrido, situación que fue la "causa mayor" invocada por la empresa para demandar que terminara la relación laboral. El sindicato se ha extrañado de que "en un solo día, el 20 de marzo, la Secretaría de Economía dictó una resolución de 27 hojas, la notificó a la empresa, ésta tuvo tiempo para elaborar una demanda de 44 hojas y presentarla ante la junta al filo de las tres de la tarde y ésta, con una prisa inusitada, la admitió y señaló fecha de audiencia". Ésta fue el martes 14 y se prolongó hasta las primeras horas del miércoles quince. Como era de temerse o de esperarse, la Junta que suele obsequiar las demandas del grupo encabezado por Germán Larrea actuó una vez más en su favor, autorizó la terminación de la relación laboral y abrió el periodo de liquidación al personal.
Nadie desea una huelga. Daña a las partes involucradas y causa efectos perniciosos a terceros. La economía de Cananea depende del consumo minero y si bien los trabajadores han contado con un fondo de resistencia su poder adquisitivo está muy disminuido y con ello el comercio local ha venido a menos de un modo grave y notorio. Pero hay modos legales para hacer que las huelgas concluyan, no acudiendo a maniobras a todas luces ilegales, y menos aun esperando que actúe la fuerza pública, hecha llegar especialmente el martes por si se ofrecía entrar con violencia a la planta.
El sindicato demandó amparo contra la resolución de la junta. Es preciso que se le otorgue la suspensión provisional y no se intente desalojar a los huelguistas que siguen siéndolo y obran por lo tanto legalmente. Si algunos de ellos dañaron las instalaciones y el equipo como alega la empresa, llegará el momento procesal oportuno para fincarles responsabilidades penales. Si se pretende forzar las cosas y que la PFP cumpla el cometido para el cual se la envió, de recuperar la mina con violencia, se desatarán los demonios en una ciudad digna de mejor suerte y que ya ha sido dañada en demasía. Por lo pronto, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la actividad portuaria sigue suspendida, en solidaridad con los mineros sonorenses.
