La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha efectuado hasta julio pasado 11 mil 827 procedimientos de cancelación de apoyo a Procampo, de los cuales una parte no precisada han sido por siembra de productos ilegales.
En conferencia de prensa, del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas; el coordinador Jurídico de la dependencia, Adolfo González Muñoz, y la titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Graciela Aguilar, destacaron la depuración que se realizará del padrón del Procampo, para lo cual se erogarán 400 millones de pesos durante este año y 2010.
En la limpia que se hará al padrón de 2.7 billones de beneficiarios, Cárdenas dijo que se dará de baja a cualquiera que se le detecten irregularidades sin importar al partido que pertenezca o si es funcionario público, pues se privilegiará la transparencia y que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Cárdenas sostuvo en este marco que no es ilícito ser funcionario público, en alusión a la información que se ha difundido en torno a que funcionarios públicos o familiares han sido beneficiados por los apoyos de Procampo.
Se le preguntó por qué su madre, Margarita Jiménez, se dio de baja del Procampo, a lo cual respondió que tanto él como su mamá tienen propiedades desde hace muchos años y que han crecido y se han dedicado al campo.
“Pero cuando la señora Jiménez supo que su hijo sería secretario de Agricultura, decidió que se le retirara el apoyo al igual que al funcionario”, dijo.
Sobre el involucramiento de narcotraficantes o familiares de estos en listados en el Procampo, el coordinador jurídico de la Secretaría, Adolfo González Muñoz, subrayó que la responsabilidad penal es personal y no se extiende a familiares.
Suponer que porque una persona comete un delito es objeto de que se le prive de un beneficio, es plantear un nuevo marco jurídico penal, subrayó.
Tanto este funcionario como Cárdenas Jiménez dijeron que no tienen información de cuántas hectáreas que reciben o recibían apoyo del Procampo han sido utilizadas para la siembra de productos ilegales.
No obstante, González precisó que se han dado de baja del padrón del programa 11 mil 827 beneficiarios, de los cuales 5 mil 349 han sido cancelaciones a través de procedimientos en los que se incluyen (sin precisar el número) las siembras ilegales, 5 mil 125 se cancelaron por caducidad de derecho, y otras mil 576 por autoexclusión, es decir cuando un particular señala que tiene una superficie menor a la que ha declarado para ser beneficiado.
