Personal de la Subprocuraduría de Justicia del Estado en la Región Lagunera de Durango y policías ministeriales, iniciarán una capacitación a mediados de enero.
A partir de mediados de enero, agentes del Ministerio Público, Peritos y Ministeriales pertenecientes a la Subprocuraduría de Justicia del Estado en la Región Lagunera de Durango, iniciarán la capacitación relacionada con la aplicación del nuevo sistema de Procuración de Justicia, es decir, los juicios orales.
“La capacitación de acuerdo con el Instituto de Capacitación, empieza a mediados de enero y será de forma simultánea en Durango y la Región Laguna. Van a venir expositores foráneos y habrá salas virtuales, cuando en Durango den una conferencia, nosotros la veremos en la sala de juntas y viceversa”, comentó Alejandro Moreno Valadez, subprocurador de Justicia en La Laguna de Durango.
Precisó que la preparación será dirigida para los agentes del Ministerio Público, peritos y de la Dirección Estatal de Investigación (DEI), la cual se realizará en conjunto para evitar incrementar los costos y porque se pretende capacitar a todo el personal al mismo tiempo; para cuando inicie la aplicación del nuevo sistema de procuración de justicia, todos estén preparados.
Moreno Valadez, detalló que con la implementación de los Juicios Orales también se creará una unidad especializadas, denominada Dirección Inmediata de Atención (DIA) y “en ésta se verá todo lo relacionado con la resolución de conflictos de una manera inmediata, soluciones alternas al proceso, como la conciliación, la mediación y la figura del acuerdo reparatorio”.
Aunque la aplicación del nuevo Sistema Judicial, así como la creación de la DIA, se aplicará primero en la capital del estado, el funcionario público puntualizó que también se implementará en la Región Lagunera, pero aseguró que “esto va a quitar bastante carga de trabajo al Ministerio Público, al resolver asuntos de una manera inmediata y ya no será necesario abrir una averiguación previa”.
Indicó que en la creación del DIA implicará contar con personal especializado, que no necesariamente tiene que ser abogado, pues pueden participar psicólogos y trabajadores sociales que tengan la capacidad de mediar entre las personas.
