El Programa de Empadronamiento de automóviles que circulan en forma ilegal en el Municipio de Torreón, es un esfuerzo positivo de la autoridad en función de la seguridad pública, pero entraña una contradicción en cuanto al respeto al Estado de Derecho.
De acuerdo a la versión de la Secretaria de Finanzas de Coahuila, en la Comarca Lagunera circulan treinta mil vehículos introducidos ilegalmente al país, que como consecuencia carecen de placas y de cualquiera otra forma de control vehicular, de suerte que se pueda atribuir su propiedad y por tanto la responsabilidad de su uso a persona cierta y conocida, ubicada en un domicilio determinado. A la iniquidad que implica medir con dos varas distintas a los mexicanos y tolerar que unos paguen impuestos y otros no, en clara violación al principio de equidad que es la base de todo sistema fiscal, se suma la circulación de vehículos fuera de control que constituye un riesgo para la comunidad, en la medida en que el uso de tales unidades resulta propicio para la comisión impune de hechos delictivos.
La proliferación de vehículos en tales condiciones de irregularidad es un vicio arraigado en nuestro país, que hace la friolera de veinte años se convirtió en un problema social y político a raíz de que algunos agentes autoproclamados de izquierda, generaron organizaciones con el propósito deliberado de eludir el pago de impuestos, bajo el pretexto de la defensa del patrimonio familiar.
Entre las organizaciones mencionadas con anterioridad destaca la denominada Onapaffa, cuya fundación aparece ligada al nombre del perredista radical Gerardo Fernández Noroña. Esta asociación convertida en un factor de poder opera como sindicato del crimen, cuyos agremiados pagan cuotas de protección a una estructura de líderes que han hecho de esta actividad una verdadera industria, en la medida en que sus propios operadores promueven la compra de vehículos de desecho en los Estados Unidos y su ingreso ilegal al través de nuestra frontera, así como su comercialización y simultánea afiliación a cuota para efectos de control en nuestro territorio. Negocio redondo.
Onappafa y organizaciones similares han generado una estructura paralela a la del Estado, en virtud de la incapacidad de los actores políticos en el Congreso de la Unión para crear un marco fiscal adecuado a nuestra realidad y eficiente, lo que ocasiona graves injusticias en la recaudación de los impuestos que se determinan en torno al uso de vehículos, entre los que destaca el impuesto de tenencia, que tanta polémica ha generado desde el inicio de su vigencia hace cuarenta años.
Durante cuatro décadas se han realizado por parte del Gobierno diversas campañas de regularización, que lo único que han hecho es alentar la introducción y tráfico ilegal de vehículos en territorio nacional porque como suele ocurrir con este tipo de estructuras, la ambición voraz de los líderes que las disfrutan, suele no tener límites. El esfuerzo emprendido en nuestra ciudad para empadronar los vehículos que circulan en forma irregular se advierte fallido, en virtud de que Onappafa desalienta la concurrencia de sus agremiados en aras de proteger el negocio, bajo el pretexto de que el padrón que resulte servirá de base para "un gran decomiso", lo que desde luego es absurdo, porque si la autoridad tuviera la voluntad de hacerlo, no necesitaría de ningún padrón sino que procedería al simple retiro de circulación por falta de placas.
Lo cierto es que lo más eficiente en términos de recaudación fiscal, lo mejor desde el punto de vista de aliento a la industria automotriz y lo menos gravoso para el causante, sería que fuera suprimida la totalidad de las contribuciones que pesan sobre la venta de vehículos a excepción del Impuesto al Valor Agregado, establecer un pago mínimo por concepto de placas de circulación y concentrar la carga fiscal en el impuesto a las gasolinas. La propuesta implica una forma fácil de solución al tema que nos ocupa, pero tal vez por su sencillez, parece estar fuera del alcance de nuestros legisladores.
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