El manejo del proceso de renovación de la concesión del servicio de limpieza por parte de la administración municipal de José Ángel Pérez, no pudo haber sido más errático. La indolencia, la torpeza y la falta de claridad llevaron al Ayuntamiento de Torreón a enfrascarse en un proceso jurídico que ahora lo tiene a merced de lo que la actual empresa concesionaria disponga. Como en muchos otros asuntos, los ciudadanos hemos quedado relegados al papel de espectadores pasivos de un sainete que ya ha durado demasiado.
La Presidencia Municipal tuvo dos años para analizar concienzudamente cuál de las dos únicas opciones posibles era la mejor: renovar el contrato a Promotora Ambiental, S. A. (PASA) o bien lanzar una nueva licitación. Pero en vez de asumir una postura clara al respecto y manejar el tema con transparencia, el Ayuntamiento decidió recorrer un tortuoso camino en el que no ha hecho otra cosa más que tropezar.
Como estaba estipulado en el contrato, firmado en 1994 entre la empresa y el Municipio, el proceso de renovación de la concesión dio inicio en agosto de 2007 con la presentación de la solicitud de ampliación por parte de PASA. El Cabildo de Torreón en vez de decidir en los tiempos establecidos si aceptaba las condiciones de la compañía o, por el contrario, optaba por buscar una mejor propuesta, empezó a darle largas al asunto. No fue sino hasta abril de 2008 cuando los regidores decidieron iniciar una consulta para integrar una propuesta de renovación con el objetivo de entregarla a PASA, requiriendo mejores tarifas y otras ventajas para el Municipio. El problema fue que la autoridad local omitió notificar a la empresa de los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo.
Los meses restantes de 2008 se fueron entre la presentación de la propuesta del Ayuntamiento y la contrapropuesta hecha por la empresa, a la cual aquél no respondió en los plazos fijados. Los intentos de negociación no fructificaron, y en vez de cumplir con lo acordado, el 2 de junio de 2009 el Cabildo determinó de forma sorpresiva cancelar el contrato a PASA y someter a concurso la concesión. Días después, la empresa presentó un recurso de amparo, el cual fue aceptado por el juez, por lo que el proceso de licitación quedó suspendido.
El contrato del servicio de limpieza debió terminar el 4 de agosto pasado, pero como consecuencia del proceso legal, esa conclusión no pudo tener efecto, por lo que PASA continuó dando el servicio. No obstante, la Presidencia Municipal decidió suspender los pagos a la empresa hasta que el caso fuera resuelto de fondo y se emitiera un fallo, lo cual ocurrió a mediados de octubre.
El juez cuarto de Distrito en La Laguna concedió a PASA la protección legal contra una supuesta violación a sus garantías por parte del Ayuntamiento en el proceso de renovación de la concesión del servicio de limpieza. La resolución judicial puso en evidencia el burdo manejo que hizo del caso el Municipio de Torreón. Según el juez, las autoridades nunca respondieron a la solicitud de prórroga del contrato presentada por la empresa en agosto de 2007, por lo que ahora el Ayuntamiento debe conceder dicha ampliación "bajo los mismos términos y condiciones"; es decir, PASA podría continuar dando el servicio por 15 años más, con las mismas tarifas -por ciento, las más caras que cobra la empresa de entre todas las plazas en donde opera- y conservando la propiedad del relleno sanitario. En consecuencia, el fallo del juez cancela definitivamente la posibilidad de una nueva licitación.
Al conocer la resolución, la Presidencia Municipal manifestó primero su intención de interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Pero fiel a la postura contradictoria que ha sido el sello durante su administración, el alcalde José Ángel Pérez declaró que, en vez de seguir con el pleito jurídico, prefería sentarse a negociar con la empresa para que ésta continuara dando el servicio en condiciones un poco menos desfavorables para el Municipio.
El viernes pasado el edil presentó al Cabildo el producto de sus "gestiones": una disminución del 14 por ciento global en el cobro de la recolección y disposición final de la basura. Pero dicha propuesta no es ninguna novedad, pues PASA ya la había presentado al alcalde en una reunión que sostuvieron el 30 de julio, es decir, cinco días antes de que venciera el contrato.
Aunque el presidente municipal no obtuvo en la reciente sesión la mayoría calificada (dos terceras partes de la votación del Cabildo) necesaria para que un acuerdo trascienda la administración municipal, se muestra insistente en sacar adelante su propuesta financiera para terminar este largo e innecesario pleito con la empresa concesionaria antes de que concluya su cuatrienio. De haber hecho las cosas bien desde un principio, el Ayuntamiento se habría ahorrado este absurdo e inútil enfrentamiento que aún no parece tener un claro final.
Motiva un justificado enojo el ver que mientras en otras ciudades del mundo se platean esquemas en los cuales las empresas que ofrecen el servicio de recolección de basura lo hacen de forma gratuita, ya que las ganancias se obtienen con el reciclaje de la misma, en nuestra ciudad las autoridades ni siquiera pueden establecer cuáles son las necesidades que tienen el municipio y sus habitantes en relación a ese importante servicio.
Tal vez la causa de todo este embrollo la podemos encontrar en el hecho de que en esta región los gobernantes rara vez escuchan a los ciudadanos que dicen representar.
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