El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De acuerdo con el documento, éstos son treinta y, como su nombre lo indica, de aplicación mundial. Lo que va de gane con relación a los tres que en 1776 anunciaba la declaración de independencia de los Estados Unidos; o los 18 que redactó la Asamblea Nacional francesa en aquel caluroso, crucial verano de 1789. En todo caso, es un faro ético de lo que nos merecemos por el simple hecho de haber nacido dentro de la especie humana. Son derechos que tenemos por la circunstancia de ser humanos, no por graciosa concesión de un monarca, Estado o institución.
Sin embargo, el texto tiene sus bemoles. Porque, como todo, está sujeto a interpretación. Y cada cultura, cada país, lo entiende a su manera.
Por ejemplo, el artículo cinco dice a la letra: "Nadie será sujeto a tortura, o a un trato o castigo cruel, inhumano o degradante". En lo cual todos están de acuerdo. Las discrepancias empiezan cuando se interpreta qué es tortura; o un trato cruel o degradante.
Por ejemplo, la mayoría de los países considera que la pena capital es cruel e inhumana, sea cual sea el delito cometido. Pero China, Irán y los Estados Unidos (entre otros) creen que no lo es, y especialmente el primer país se da vuelo ejecutando delincuentes, algunos por delitos como peculado y corrupción.
Sí, algo podríamos aprenderles.
En Occidente consideramos que los castigos físicos (golpes, azotes, toques eléctricos) son una forma de tortura. En otros países se hallan en la legislación civil, y forman parte de las sentencias sin ningún empacho.
Todo ello quedó de relieve por un caso reciente ocurrido en Malasia. Este es un país multicultural, multirracial, multirreligioso. En él operan tribunales civiles que agarran parejo; pero también tribunales islámicos (especialmente en las provincias de mayor presencia musulmana) que operan sobre el 60% de la población que cree que Mahoma es el Profeta de Alá. Hasta eso: budistas, cristianos e hinduistas están fuera de la jurisdicción de esos tribunales.
Pues bien: resulta que una modelo de 32 años llamada Kartika Sari Dewi Shukarno fue sorprendida hace dos años bebiendo cerveza en público. Ello es un delito según la Shar'ia, la Ley islámica. Y un jurado decidió sentenciarla a pagar una multa de unos 1,400 dólares
La dama ya pagó la multa, y quiere que la azotada se efectúe cuanto antes
Los jueces dicen que no se trata de hacer daño, sino de dar una lección. Pues sí. Pero el caso pone de nuevo en el tapete el hecho de que los Derechos Humanos no son tan universales como se pretendió en el remoto 1948.
