El gobierno de Veracruz cesó de sus funciones a un total de 43 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado que no pasaron los exámenes de confianza.
La propia dependencia estatal, notificó que separó de sus funciones y liquidó conforme a derecho a los 43 agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, policías ministeriales y peritos.
A través de un comunicado de prensa, se informó que la separación de dicho funcionarios fue resultado de los procesos de evaluación y control de confianza que las instituciones de seguridad pública están obligados a aplicar a sus trabajadores a fin de elevar la calidad en el servicio y su empeño y eficacia en las tareas que realizan.
"La salida de los servidores públicos de la PGJ se da dentro del más estricto apego a la Constitución Política del país y la ley, respetando plenamente los beneficios económicos laborales que en estos casos tienen derecho", expuso el texto oficial.
A los agentes cesados se les aplicaron estudios exhaustivos y pruebas psicológicas de confianza y honestidad, exámenes médicos y toxicológicos para detectar adiciones a drogas; valoración de las quejas que de su desempeño han presentado los ciudadanos y los procedimientos de responsabilidad administrativa que se les han seguido.
"Elementos que concluyen que dichos servidores públicos perdieron la confianza que la institución y la sociedad tenía en ellos", informó la PGJ, quien estableció que con ello dan cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
"Con esta importante decisión el estado de Veracruz se pone a la vanguardia en la aplicación de las medidas a las que se comprometieron el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los demás poderes federales y locales con las organizaciones de la sociedad civil mexicana", concluyó.
