Colocada en la mesa del Congreso una iniciativa para dotar de mayor fortaleza a la Comisión Federal de Competencia, de pronto, algún legislador coptado por las firmas en jaque sacó el as bajo la manga: Para qué más dientes, si no saben morder.
El dardo apuntaba a que en sus más de 15 años de existencia la instancia en lucha contra los monopolios no había dado golpe, vamos no había llegado al extremo de aplicar la multa máxima de ley por prácticas monopólicas absolutas.
De qué rayos, pues serviría que ésta se ampliara al infinito.
A quién le importa si el camino se sembró de obstáculos para impedir, justo, llegar al punto mayor de la cuesta.
A quién, en última instancia, el ángulo disuasivo de la medida que nos empataría con la mayoría de los países desarrollados, donde las penas pecuniarias se cuantifican en miles de millones
La paradoja del caso es que en la fase previa a la votación del pleno en que se frenó la posibilidad, los coordinadores de las bancadas de los tres partidos con mayor presencia en el Congreso habían garantizado el pase automático de la medida, dada la necesidad de colocar un dique a las firmas hegemónicas que fijan precios a su antojo, se reparten el mercado o se coluden para blindarse mutuamente.
La historia viene a cuento al fragor de la última resolución de la Comisión Federal de Competencia que le fijó, ahora sí, la multa máxima de ley a las firmas Ferromex y Ferrosur, a quienes acusó, justo, de prácticas monopólicas absolutas.
Como usted sabe, éstas decidieron fusionarse, pese a una resolución previa que lo prohibía, dada la existencia de sólo tres grandes competidores en el mercado, tras la privatización en troncales de los Ferrocarriles Nacionales de México.
El castigo, a prorratearse entre una serie de accionistas, entre ellos el Grupo Carso de Carlos Slim y su Sociedad de Inversión de Capitales Inbursa, alcanzó 419.1 millones de pesos
Ahora que llegar al último peldaño implicó para la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta una estrategia para evitar amparos de las firmas en la fase previa.
De entrada, no hubo multa inicial, pese a la catarata de evidencias de que las firmas actuaban como una sola, es decir fijaban precios para evitar la competencia entre sí.
Lo curioso del caso es que tras el rechazo de la Cámara de Diputados a la posibilidad de dotar de mayores armas a la CFC, surgió una iniciativa en el Senado bajo la firma del panista Santiago Creel que le enmendaba la plana a la primera en materia de dureza.
La alternativa se quedó congelada.
Mientras los diputados cerraron la posibilidad de multas de la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas absolutas al equivalente al tres por ciento de las utilidades generadas en un año por el infractor, la propuesta panista hablaba del 10 por ciento
Más aún, en caso de reincidencia la sanción se elevaría al doble, es decir llegaría al 20 por ciento del total de la facturación de la empresas.
Estamos hablando, pues, de millones contra miles de millones, dada la capacidad de facturación de los corporativos en entredicho, algunos de los cuales alanzan perfil de multinacionales.
Hasta hoy el castigo máximo que puede imponer la instancia en custodia de la Ley Federal de Competencia Económica es el que alcanzó a Ferromex y Ferrosur.
Y aunque en el papel pareciera que las balas se sustituyen por misiles, lo cierto es que en otros países se lanzan bombas de calibres terroríficos. En Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, por ejemplo, la sanción máxima equivale al 20 por ciento de la facturación total de un año de las firmas sentenciadas, en tanto en Brasil se llega al 30.
De hecho, en algunos casos se le han impuesto multas a los corporativos en entredicho hasta por siete mil millones
El problema es que desde su aprobación en 1992, a exigencia de Estados Unidos como parte colateral de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la ley no ha sido modificada en su parte fundamental.
Lo que entonces pareciera cachetadas, hoy se ven como simples caricias, lo que ha permitido mantener prácticamente intacto el esquema que coloca como hegemónicas a por lo menos tres docenas de empresas, al margen, naturalmente, de colusiones o acuerdos para repartirse los mercados.
El país, pues, está rezagado frente al resto del planeta, por más que para algunos les parezca excesiva la multa a Ferromex y Ferrosur.
Por lo pronto, las firmas ya están tramitando un amparo, lo que llevaría a alargar a cinco años la distancia entre el dicho y el hecho.
Policía, pues, sin macana.
En la coyuntura de la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, de cara al amago de Aeroméxico y Mexicana de Aviación de despedir cada una al 20 por ciento de su personal de vuelo, le está recordando públicamente al presidente Felipe Calderón su slogan de campaña en que se asumía como "presidente del empleo".
Textualmente, se hace pública una carta mandada al organismo de la antesala de la elección del 2006, en la que Calderón ofrecía "una industria aeronáutica nacional en la que los trabajadores puedan tener un empleo justamente remunerado, un hogar seguro, y un país al que puedan representar siempre con orgullo".
¡Pácatelas!
OTRA DE LA FAMILIA
Despedida de su cargo como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda por el grave delito de denunciar un escandaloso caso de corrupción, hete aquí que nueve años después Lilia Cortés García logró que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decretara su reinstalación en el cargo.
El problema es que el laudo se estrelló ante un muro representado por el director de Asuntos Laborales de la Secretaría de Hacienda, Ricardo Humberto Zavala McGregor, a quien se ubica como primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
El desacato lleva ya varias semanas.
La ex funcionaria se negó, en su momento, a transferir 90 mil millones de pesos del presupuesto del 2002 a diversas partidas que calificó como ilegales.
En su largo vía crucis ante los tribunales, Cortés García ha recibido amenazas, golpizas y espionaje domiciliario.
MEXICANA NO PUDO
En lo que augura un nuevo conflicto, Mexicana de Aviación no logró convencer a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de ajustarse los cinturones para un nuevo programa de ahorro por 17 millones de dólares.
El escenario se planteó como parte de la resolución favorable para la empresa en el Conflicto de Naturaleza y Económica planteada ante la Secretaría del Trabajo.
