"Un patriota debe estar siempre listo a defender a su país de su Gobierno."
Edward Abbey
Cómo se ve que es un año electoral. Sólo así podemos interpretar la decisión del Gobierno del presidente Calderón de reducir de 10 a 3 por ciento el arancel para la importación de vehículos usados para residentes de la frontera.
La frontera de nuestro país ha estado invadida desde hace años por autos chatarra que contaminan de una manera impresionante y que generan una competencia desleal a la industria automotriz y a las redes formales de distribución de vehículos en nuestro país. El nuevo decreto publicado este 2 de marzo no hace más que profundizar este proceso. En el mejor de los casos, resultará en más contaminación y más desempleo en México.
Los autos chatarra que entran a nuestro país no se quedan, como sabemos, en la frontera. Entre octubre de 2005 y octubre de 2008 fueron importados, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, 4.3 millones de vehículos usados, los cuales han invadido todo el territorio nacional. Incluso cuando se importan ilegalmente, los dueños saben que si ejercen presión a nuestro débil Gobierno éste terminará por legalizarlos, como hizo el ex presidente Vicente Fox.
El decreto del 2 de marzo publicado por la Secretaría de Economía, y que aparece firmado por el presidente Calderón, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens y el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, argumenta que el Plan Nacional de Desarrollo considera importante "contar con una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales".
Pero en lugar de derivar las conclusiones lógicas de estas consideraciones, e impulsar una política que realmente promueva una economía competitiva con precios accesibles, crecimiento y empleos formales, el Gobierno del presidente Calderón está anunciando una política que produce exactamente lo contrario.
Sí, es cierto que los vehículos usados que se están importando de Estados Unidos son más baratos que los que se pueden encontrar en México, pero eso se debe simplemente al hecho de que ya no hay mercado para ellos en la Unión Americana. Impedir o restringir el ingreso de esa chatarra a México no es una medida proteccionista. Se han hecho experimentos que demuestran que las autoridades de Estados Unidos no aceptan que los vehículos usados que se están importando a México puedan ser reexportados a Estados Unidos ya que no cubren las normas ambientales mínimas.
El costo para nuestro país de la política gubernamental de abrir las puertas a los autos chatarra ha sido enorme. Por una parte, se ha contaminado el ambiente de las ciudades fronterizas y de otros lugares del país en que legal o ilegalmente circulan estos autos. Por otra parte, se ha pegado un golpe severo a las actividades formales de fabricación y distribución de vehículos al ponerlas "a competir" con vehículos chatarra que ni pagan los impuestos ni deben ajustarse a las normas que a ellas sí se les exigen.
Además, hay un acto de profunda discriminación cada vez que el Gobierno establece reglas que dan a algunos mexicanos o residentes, que viven en determinadas áreas del país, derechos o privilegios que se les niegan a los demás. Nuestro Gobierno parece empeñado en establecer una distinción entre mexicanos de primera y de segunda.
Es falso, como todos sabemos, que los autos chatarra se queden en la frontera. Una vez que se encuentran en territorio nacional es sólo cuestión de tiempo para que empiecen a pasar a otras zonas del país. Una vez que lo hacen, los poderosos grupos económicos y políticos que se dedican al contrabando de estas unidades empiezan a presionar al Gobierno para que se legalicen los vehículos. Y el Gobierno débil que tenemos termina siempre cediendo, como lo hizo el de Vicente Fox.
Si realmente queremos cumplir con los criterios del Plan Nacional de Desarrollo, y permitir el acceso de los consumidores a productos de mejor precio al tiempo que se promueven el crecimiento económico y la generación de empleos, lo que tiene que hacer el Gobierno es reducir los impuestos excesivos que se cobran actualmente a los vehículos que se producen y se venden legalmente en México.
El nuestro es un país muy competitivo en la fabricación de vehículos, como lo demuestra el hecho de que estamos exportando la mitad de nuestra producción. Pero mientras se cobre a los vehículos que se venden legalmente en México impuestos tan onerosos como el ISAN o la tenencia, no estaremos dando el mejor trato a nuestros consumidores. El decreto del 2 de marzo parece una más de las acciones del Gobierno de la República encaminadas a golpear a la industria formal, aumentar la contaminación y destruir los pocos empleos que tenemos en el país.
El presidente Calderón anunció esta semana un programa financiado con el dinero de los contribuyentes para otorgar créditos de hasta 40 mil pesos que permitan a los beneficiarios pagar o reducir los saldos de sus tarjetas de crédito. El único problema es que si usted no es burócrata y no está afiliado al ISSSTE no se le permitirá siquiera formarse en la fila. Una vez más el Gobierno nos "restriega" en la cara que hay mexicanos de primera, pero que todos los demás somos de segunda.
