En la certeza de la irreversibilidad del deterioro operativo y financiero de Luz y Fuerza del Centro, un estudio sobre el caso ordenado en 2006 por el presidente electo Felipe Calderón concluía como inevitable la extinción del organismo y la terminación de la relación laboral.
La exposición de motivos señalaba que era imposible instrumentar una estrategia gradual sin el sindicato, dado que en los hechos administra la empresa, pero tampoco con él, dada la dinámica creada con su asambleísmo.
Más aún, pareciera misión imposible una solución negociada, dado que el Sindicato Mexicano de Electricistas no colocaría en la mesa su propia desaparición, aun cuando se liquidara el contrato colectivo de trabajo.
"El SME -señalaba letra por letra el documento- es un sindicato muy aguerrido y combativo, experto en el choque". Y aunque históricamente ha tenido una relación distinta con el resto del movimiento obrero, "tiene vínculos fuertes con organizaciones sociales radicales y con partidos políticos", señalándose en específico al PRD.
Más allá, se advertía que la decisión de extinguir LyFC y cancelar el contrato colectivo "es una iniciativa mayúscula en términos políticos, sociales y económicos". De hecho, aunque la contemplaron en su momento, los gobiernos anteriores la rechazaron. El texto aludía, además, al problema social que representaría el liquidar 44 mil trabajadores con cuatro dependientes directos por cada uno de ellos, lo que impactaría directamente a 200 mil personas, o 300 mil, considerando los jubilados.
Sin embargo, se planteaba un ejercicio jurídico riguroso con base en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que permite al Ejecutivo extinguir un organismo público descentralizado cuando deje de cumplir sus fines u objeto, o cuando su funcionamiento no resulte conveniente para la economía nacional.
De acuerdo con el reglamento de éste, la Secretaría de la Función Pública debe designar a un liquidador. La recomendación hablaba, además, de apegarse letra por letra a lo dispuesto en los artículos 433, 434 y 435 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen las condiciones de terminación de la relación laboral.
El abanico planteaba tres opciones. La primera implicaba terminar la relación de trabajo primero y extinguir el organismo después, lo que implicaría recurrir a un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica. Sin embargo, existía la posibilidad de que el SME, como lo hizo el sindicato de sobrecargos en el caso de Mexicana de Aviación, se amparara contra un laudo adverso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que alargaría varios meses el proceso. Más aún, el proceso, de acuerdo a la ley, podría suspenderse en el momento en que el sindicato emplazara a huelga.
La opción dos hablaba de extinguir el organismo primero, y terminar la relación de trabajo después, lo que habría obligado a que el interventor designado acudiera a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para dar aviso del fin del vínculo laboral.
En este caso el laudo correspondiente podría dictarse aun cuando estallara una huelga.
La opción tres, finalmente, hablaba de extinguir al organismo y simultáneamente terminar la relación laboral, es decir la fórmula adoptada finalmente. El mecanismo aludía a la experiencia con los Ferrocarriles Nacionales de México, cuya extinción llegó con un decreto presidencial expedido el 4 de junio de 2001.
De acuerdo con el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo que atendió el asunto, la vía plantea la imposibilidad jurídica y material para la continuación del vínculo laboral, y no resulta violatoria de las garantías individuales, ni se requiere la aprobación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La puerta, pues, estaría abierta para indemnizar a los trabajadores afectados.
El documento, sin embargo, advertía que al aplicar las opciones que suponen la extinción del organismo "se envía una señal política muy fuerte en cuanto a lo que significaría de exposición al Presidente de la República, pero también evidenciaría una decisión irreversible a la voluntad de instrumentar una estrategia de no retorno".
"Queda claro -señalaba el documento letra por letra- que en cualquier opción parece inevitable la necesaria intervención de las instalaciones del organismo con apoyo de la fuerza pública, de tal manera que sin solución de continuidad la Comisión Federal de Electricidad pueda hacerse cargo de la operación para garantizar que en ningún momento pueda interrumpirse el servicio". La recomendación hablaba de que la paraestatal debía tomar desde el primer momento las instalaciones, especialmente las estratégicas. El golpe, pues, estaba en el papel desde octubre de 2006.
Bajo el reclamo de navegar en condiciones laborales y operativas precarias, traducido como falta de equipos, además de un aumento salarial, los 6 mil custodios del Servicio Panamericano de Protección están emplazando a huelga a la firma de transporte de valores.
De no obtenerse una respuesta a los reclamos, ésta estallaría los primeros días de noviembre.
La firma, como usted sabe, lleva dos años en busca de comprador, tras rechazar los 11 bancos que tenían participación en ella la posibilidad de seguir operando, dejándole de hecho al garete.
NAFIN SEPTUAGENARIA Esta mañana, con asistencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa, Nacional Financiera (Nafin) celebra 75 años de existencia, en un escenario en que sus objetivos y estrategias han cambiado de forma radical. Fundada en 1934, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas como pivote para consolidar la industrialización del país, su primera tarea fue comprarle a los bancos bienes improductivos para dotarlos de liquidez, para dos décadas después apuntalar sólo a empresas gigantes del sector público, entre ellas Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacionales de México y Altos Hornos de México. En los 70, sin embargo, el cauce se orientó al rescate de los grandes consorcios afectados por su propia expansión explosiva, para girar en los 90 hacia el populismo financiero, impulsando la creación de Uniones de Crédito.
El resultado derivó en un quebranto de miles de millones de pesos. En afán de equilibrio, la intermediaria se orienta hoy al financiamiento de cuentas por cobrar de pequeñas y medianas empresas con cargo para gigantes, ya sea paraestatales o privadas, así Cemex como la cadena Walmart o Bimbo.
Bandazos, pues, sin brújula.
OTRA VEZ TOMZA Acusada de depredar el entorno ecológico de la zona de playa de Omoa, Honduras, al instalar cuatro colosales almacenes de gas LP en forma de esfera, el grupo mexicano Tomza, de los hermanos Tomás y Enrique Zaragoza, está metido en otro lío. Se le acusa de haber obtenido en forma poco ortodoxa la licencia para operar en el lugar, por más que ya se va a Costa Rica.
De hecho, el alcalde de la localidad, David Cavaría Cortés, ha sido cesado por permitir la operación de la firma.
La empresa llegó hace 20 años a Honduras bajo la razón social Gas del Caribe, convirtiéndose en la abastecedora de 90% del combustible que se consume en el país centroamericano.
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
