No sé de dónde surgió la idea, pero a últimas fechas ha venido cobrando impulso y proyección. Ustedes dirán qué tanto sentido tiene, o si vale la pena gastar tiempo y esfuerzo discutiendo la propuesta.
En seis meses habrá elecciones legislativas a nivel federal. Se renovará el Poder Legislativo, y el acomodo de las fuerzas políticas podría sufrir un remesón. Sin embargo, esos comicios son vistos con suspicacia por buena parte del público. Ello se debe a varios factores: en primer lugar, es una elección de medio término sexenal, que suelen ser menos atendidas que las coincidentes con la elección presidencial. Además, muchos ciudadanos ni siquiera conocen a quienes los representan, y si acaso los llegan a ver, será en campaña, nunca cuando ya están ocupando una curul. Pero quizá lo más importante es que la ciudadanía ya está harta del pésimo papel que han desempeñado diputados y senadores en los últimos años (¿Años? ¡Lustros!). En las mediciones de opinión pública, los peor calificados por la gente son, precisamente, los diputados… más abajo que las policías, lo que ya es decir. Ello se debe no sólo a la usual percepción de que los legisladores son unas bestias ignorantes magníficamente pagadas y que casi no trabajan; sino que además su voracidad no tiene llene, como lo atestiguan sus pródigos aguinaldos, por los que ni siquiera pagaron Impuesto sobre la Renta. Para muchos ciudadanos, los diputados son una especie de plaga bíblica, que hay que aguantar y tratar de mantener lo más alejada posible. Quienes ocupen San Lázaro y lo que hagan, no les importa mayormente. A fin de cuentas siempre se salen con la suya, no se hacen responsables de nada, y es imposible impedir su rapacidad.
Tratando de ponerle fin a esas malas actuaciones, e intentando movilizar a una ciudadanía abúlica ante tanto cinismo, ha salido la propuesta de que los candidatos oficialicen sus propuestas y promesas de campaña ante notario público. Que quede por escrito, sellado y lacrado lo que se comprometieron a realizar “en caso de que los ciudadanos los honren con sus votos”. Así luego se les podría recriminar lo que dejaron de hacer, y les dé vergüenza no haber cumplido sus promesas.
Si se fijan, en la propuesta hay una premisa falsa: suponer que los miembros de nuestros partidos políticos tienen vergüenza. Que su cinismo resultaría mermado por el simple hecho de que su falta de compromiso quedaría notariada. La propuesta supone que el comportamiento de esos vivales, a quienes jamás nadie les daría trabajo en el sector productivo, estaría dictado por la ética y la responsabilidad individual. Creer que quienes se llenan los bolsillos a puños con dinero de los contribuyentes, van a sentirse mal por no haber cumplido sus promesas, es de una ingenuidad supina.
Me preguntarán qué propongo, entonces. Creo que lo que estoy pensando entra en el rango de lo penal. Mejor ahí le dejamos.