Politizado innecesariamente el asunto por el fanatismo partidista, finalmente el gobierno dio una espectacular vuelta en "U" para regresar al principio: Tula, Hidalgo, será la sede de la nueva refinería
La decisión estaba dibujada nítidamente en el documento Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería en México que se entregó al Senado el 30 de julio del año pasado.
El anuncio oficial, pues, se paralizó ocho meses.
El obstáculo, ¡válgame Dios!, es que el documento sólo consideraba como alternativa a entidades gobernadas por el PRI, lo que provocó la ira del sector más conservador del panismo, que se desgarró las vestiduras por la exclusión de Guanajuato, concretamente Salamanca.
La presión yunkista obligó una y otra vez a posponer la decisión, al punto de llegar al escenario de la farsa que representó el foro de gobernadores
La carpa la montó dócilmente Petróleos Mexicanos, tras el anuncio presidencial de función extra.
Y a lo mejor el show hubiera caído bien a un país dominado por la zozobra, de no ser por un pequeño detalle: retrasar el inicio de la obra significaba cancelar un detonante hacia la reactivación económica.
Peor aún, el numerito le costaría al gobierno la furia de las nueve entidades federativas que se prestaron al sainete, incluida, naturalmente, Guanajuato. ¿Sabe usted cuántos millones se gastaron Tabasco, Tamaulipas y Campeche para promover sus alternativas?
La "estrategia", pues, devino en un balazo en el pie, por más que ahora se plantea la posibilidad de reconfigurar y modernizar la refinería de Salamanca; acelerar los trabajos de la de Salina Cruz, Oaxaca, y en una de esas hasta concluir la coquizadora pendiente en Cadereyta, Nueva León.
Lo cierto es que la opción de Tula la inclinó su infraestructura de ductos, que permitiría llevar la gasolina producida hacia el norte y sureste del país, por más que adolece del mismo defecto de Salamanca: una enorme producción de contaminantes. La refinería actual de la zona genera, según estudios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 110 mil toneladas de bióxido de azufre al año, en paralelo a óxido de nitrógeno y partículas suspendidas. El nivel está por encima de la norma, por más que éste resulta demasiado laxa en relación con las de otros países.
La nueva refinería tendrá una capacidad de transformación de 300 mil barriles diarios de crudo, bajo la figura de "energética"; es decir, no requiere de gas natural para su operación. Con la llegada a escena de ésta, el país tendrá capacidad para convertir un millón 800 mil barriles diarios de petróleo en gasolinas.
Por lo pronto, el gobierno de Hidalgo deberá definir los terrenos en que se edificarán las 30 plantas exigidas, cuya extensión se calcula entre 500 y 650 hectáreas, en un escenario en que siempre estará latente la posibilidad de otro Atenco, es decir, la oposición de los ejidatarios para vender sus terrenos. De no cumplir Hidalgo, la sede sería Salamanca.
El caso es que entre el dicho y el hecho pasarán de seis a siete años para que se vuelva realidad la nueva refinería, cuyo costo se calcula en 10 mil millones de dólares. De hecho, sólo para los estudios de ingeniería se reclaman nueve meses.
El concurso para la construcción de la obra se abrirá al plano internacional, calculándose la participación de una docena de empresas entre inglesas, indias, sudafricanas, marroquíes, estadounidenses y francesas, que pudieran asociarse con la firma Infraestructura para el Desarrollo de América Latina del magnate Carlos Slim; Ingenieros Civiles Asociados, que encabeza Bernardo Quintana, o el Grupo Mexicano de Desarrollo.
Como usted sabe, hasta hoy México debe importar 60% de las gasolinas que se consumen en el país, en un escenario en que hace 30 años no se construye una refinería, y las reconfiguraciones resultaron un fiasco.
De hecho, casi una década después la de Cadereyta, Nuevo León, aún no puede operar a toda su capacidad, dado el pésimo trabajo realizado por un consorcio que lideraba una empresa coreana.
El gran reto, por lo pronto, será cauterizar las heridas, en un escenario en que a botepronto, tras adelantársele la noticia, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, declararía estar "enfurecido y bravo".
Más allá, aunque el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, señaló que asumiría una postura "institucional", el de Michoacán, Leonel Godoy, exigió objetividad, en tanto el de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, advirtió que no puede estar en puja un proyecto de nación. El cirquito, pues, saldrá caro.
A presión priísta y perredista, el Senado citará a comparecer al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, para explicar las telas y entretelas del préstamo de 47 mil millones de dólares que le otorgó al país el Fondo Monetario Internacional.
De entrada, los recursos, supuestamente colocados en el escaparate para espantar a los especuladores que le quieran apostar al dólar contra el peso rebasa los niveles de endeudamiento autorizados por el Congreso.
En paralelo, parecería extraño que se manejen como valladar para defender la moneda, cuando las reservas en dólares, pese a los 20 mil millones que se han utilizado hasta hoy, alcanzan niveles históricos.
El agarrón, pues, será de antología.
FALSA ALARMA
Esparcida por el sindicato minero la especie de que ayer la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decretaría la ruptura de la relación laboral entre su sección 65 y la Minera de Cananea, propiedad del Grupo Minera México, lo cierto es que lo que llegó fue una junta para que las partes plantearan sus alegatos sobre el asunto. Estamos hablando del peritaje realizado por la Secretaría de Economía, en su carácter de concesionaria de la mina de cobre, que determinó la inexistencia de condiciones para laborar, dada la ruptura de agua, el cierre de acceso, la ruptura de las poleas que permiten el trabajo continuo
El documento sería la base para declarar rotas las relaciones por causa de fuerza mayor, procediéndose a la liquidación de los trabajadores.
¿CÁNCER TERMINAL?
Involucrado en 1992 en un colosal fraude contra Nacional Financiera, vía la creación de empresas fantasma a las que en el papel se les refaccionaba con préstamos blandos, el entonces presidente del Grupo Havre, Julio H. Mariscal Domínguez, motejado como El Bache, huyó del país. Ubicado semanas después en algún lugar de Estados Unidos, la explicación oficial para no apresarlo era que sufría de un cáncer terminal. No tenía caso, pues, someterlo a un proceso de extradición al que no sobreviviría. El caso es que el empresario murió la semana pasada, es decir sobrevivió 17 años más
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