En México y en otras partes del planeta, la conservación de la biodiversidad se ha realizado, entre otras formas, mediante la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en lo que se ha llamado conservación in situ. La responsabilidad de declarar estos espacios geográficos en estatus de protección por ley ha correspondido a entidades oficiales; sin embargo, la gestión que se realiza de ellos ha sido compartida entre éstas y organismos civiles, algunos de los cuales manejaron áreas de gran importancia como sucedió con el Instituto de Ecología, A. C., con la Reserva de la Biosfera Mapimí, antes de que se creara la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), organismo que actualmente administra las 166 áreas naturales protegidas de categoría federal, en casi 10 millones de hectáreas del territorio mexicano.
Hay otras experiencias de este tipo como sucede con el ANP de Zapalinamé, en el municipio de Saltillo, Coahuila, administrada por Profauna, A.C., o el Parque Estatal Cañón de Fernández, en el municipio de Lerdo, Durango, por Pro Defensa del Nazas, A.C., y la misma Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Fernández, en el municipio de Torreón, Coahuila, por Biodesert, A.C., por mencionar entre las más cercanas y conocidas.
Dichos grupos civiles realizan este ejercicio como una forma de corresponsabilidad socioambiental, en ocasiones para complementar lo que se ha llamado déficit en la gestión ambiental gubernamental, por procesos locales que involucran actores de este ámbito, u otras; estos grupos, normalmente de reducida conformación y poco profesionalizados en el sentido de que operen recursos que les permitan dedicarse a esta actividad, ya que en gran parte participan en ellos de manera voluntaria, tienen como principal capital su especialización académica o profesional y sus objetivos claros por la conservación y el desarrollo sostenible de las comunidades o núcleos que ejercen la propiedad de los terrenos en los que se ubica esa riqueza biótica.
Estos grupos a los que se ha denominado conservacionistas o ambientalistas, los cuales comúnmente reciben embates desde algunos círculos oficiales por su postura crítica ante los problemas ambientales, las políticas públicas que permiten el deterioro de los recursos naturales, o por los grupos de interés que aprovechan inadecuadamente estos recursos e, incluso, por aquellos que buscan acceder en el manejo de los recursos financieros que provienen principalmente de entidades públicas. Lamentablemente, en la óptica de estos grupos de interés lo que menos se contempla es la conservación, sino sus propios intereses asociados al uso y, en ocasiones abuso, de los recursos naturales.
El surgimiento de estos grupos civiles conservacionistas o ambientalistas, como ya se señaló, en ocasiones ha respondido al denominado déficit en la gestión ambiental gubernamental, sobre todo antes de la creación de la Conanp. Sin embargo, el apoyo público destinado a la conservación de la biodiversidad, pero también el vínculo que se dé entre ésta y el desarrollo local sostenible de las comunidades rurales de las ANP, ha sido insuficiente, de modo tal que los procesos de fragmentación y pérdida de hábitat, principal causa de la pérdida misma de la biodiversidad en México y el orbe, continúan avanzando con tendencias declaradamente involutivas, poniendo cada vez en mayor riesgo la riqueza biogenética que algunos países o regiones tienen el privilegio de albergar en sus territorios, la cual, también ha sido desvalorizada social y culturalmente.
Es por ello que la experiencia acumulada en la gestión de ANP, tanto por entidades oficiales o por los grupos civiles, indica que estos objetivos puntuales de conservar la biodiversidad y promover el desarrollo local sostenible de las comunidades ubicadas dentro de estos espacios protegidos, no son aún un asunto importante de la agenda de desarrollo en ninguno de los ámbitos (municipal, regional o nacional), y que como consecuencia de ello se viene perdiendo una parte importante de esta riqueza biótica, lo cual exige multiplicar los esfuerzos, y esto significa las acciones y los apoyos, para protegerla, involucrando a los dueños en su manejo y con ello favorecerles para que reviertan sus rezagos sociales, pero también implica que otros actores civiles, sean grupos como los mencionados, del sector privado o simples ciudadanos, instituciones educativas, y otros, en forma conjunta con las entidades oficiales del sector ambiental, hagan suyos dichos objetivos y participen en estos esfuerzos. Estos procesos de concertación amplia colaboración que asumen la responsabilidad de proteger el ambiente, en particular de un recurso natural como la biodiversidad, es a lo que se denomina ciudadanizar la gestión del ambiente, ejercicio que se viene implementando en la reserva ecológica de Jimulco, algo que debemos referirnos con mayor detalle en la siguiente colaboración.
