En la colaboración de la semana pasada comentábamos acerca de la participación de los grupos civiles involucrados en la gestión de áreas naturales protegidas, señalando que esta participación ha sido frecuente en México como en otros países, entendiendo esto como un ejercicio de corresponsabilidad socioambiental que se origina en aceptar que el compromiso por la conservación de los recursos naturales no puede ser sólo de los organismos gubernamentales, en la medida que un recurso natural como la biodiversidad (flora y fauna silvestre) constituye un bien común que es patrimonio de la humanidad.
Pero también señalábamos que conservar la biodiversidad no es un asunto prioritario en la agenda de los gobiernos, ya que, quizá presionados por otros asuntos estructurales como la inseguridad, la pobreza o la misma gobernabilidad, o coyunturales como la reciente crisis de salud o una catástrofe natural, por mencionar algunos, concentran la atención de los políticos y absorben la mayor parte de los recursos públicos.
Sin embargo, la realidad que enfrentamos las generaciones actuales nos indican que si continúan los procesos de deterioro ambiental como el abatimiento y contaminación de los cuerpos de agua dulce, la desertificación de los suelos, la polución del aire atmosférico y la pérdida de biodiversidad, también por mencionar los más sobresalientes, difícilmente podremos tener condiciones que nos aseguren más que una forma de vida, que ésta sea de calidad, como sucede en La Laguna, donde tenemos suficiente agua, pero socialmente mal distribuida, que nos obliga a consumirla contaminada por metales pesados augurando un serio problema de salud pública al aumentar las posibilidades de contraer cáncer entre la población de la zona metropolitana, donde ésta se concentra mayormente.
Así, el problema ya no es de disponer de recursos naturales que nos provean de bienes vitales para la población, sino de asegurarnos que éstos se encuentren en buen estado de conservación. Es por ello que cuando reflexionamos sobre esta cuestión y nos damos cuenta que somos habitantes no sólo de una ciudad o una región, sino de un espacio geográfico en el que los recursos naturales se encuentran distribuidos también de manera natural, como es la cuenca hidrográfica, donde los laguneros consumimos el 50% del agua disponible de ser aprovechada, entonces entendemos la importancia que representa para nosotros conservar la cuenca si queremos disponer de este recurso hídrico.
Pero también nos enteramos que en la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval, la biodiversidad se viene perdiendo por la fragmentación y pérdida de hábitat provocados por las actividades humanas, y que en ese espacio geográfico de 100,000 km2 quedan pocos lugares donde este recurso natural aún se encuentra en buen estado de conservación, y que tres de ellos se ubican o forman parte de La Laguna, (Mapimí, Fernández y Jimulco) mismos que están amenazados de perderse si no se les protege, y que esta protección no será suficiente si sólo se le deja esta responsabilidad al Gobierno, por lo que la sociedad civil también tiene que involucrarse en su conservación, ya que de ella también depende que la mayor parte de la población lagunera, particularmente aquellos que vivimos en las ciudades de la zona metropolitana, continuemos recibiendo los servicios ambientales que hoy tenemos como captura de carbono por la contaminación del aire que provocamos las empresas, los coches y el ganado, o de recargar nuestro sobreexplotado acuífero principal, entre otros.
Es por ello que conservar la biodiversidad que se alberga en las áreas naturales protegidas de la región, constituye un reto generacional que los laguneros tenemos, reto que hemos asumido quienes nos involucramos durante los últimos años en su gestión, acompañando ésta cuando la realiza alguna oficina gubernamental o ejerciendo su administración a través de grupos civiles como Biodesert, A. C. en la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, y Pro Defensa del Nazas, en el Parque Estatal Cañón de Fernández. Sin embargo, quienes participamos en esto, entendimos que esta responsabilidad supera el modesto esfuerzo que realizamos los pequeños grupos de académicos y ciudadanos involucrados, que para proteger y conservar estos reservorios naturales es necesario que colaboremos y concertemos acciones la sociedad civil y el Gobierno.
Este esfuerzo de colaboración se ha concretado en la gestión de la Reserva Ecológica Municipal, donde después de tres años en que Biodesert se hizo cargo de su administración, ha sido posible concertar la creación de un organismo de mayor participación ciudadano-institucional que, a partir del segundo semestre de este año, se haga cargo de la gestión de esta área natural protegida. Este esfuerzo involucra a las oficinas de los tres niveles de Gobierno, tres instituciones educativas de nivel superior, dos organismos civiles, dos cámaras empresariales y las comunidades rurales del área que por asamblea general y mediante su firma decidieron dar su aval en la creación de este organismo que adquiere la figura de una Fundación.
Con ello, se pretende dar certeza y mayores apoyos a las acciones de conservación de la fauna y flora silvestre y al desarrollo local sostenible de las comunidades rurales de este espacio protegido de categoría municipal, y de esa manera los laguneros asumimos la responsabilidad de enfrentar el reto generacional señalado.
