Ya era tiempo que se endureciera la respuesta de México a Estados Unidos. Las declaraciones que funcionarios norteamericanos de alto nivel vienen haciendo en estos días sobre las trágicas consecuencias de la guerra contra el narcotráfico que valientemente ha librado el Gobierno mexicano desde el principio de su gestión, son no sólo irresponsables sino hipócritas y han llegado hasta el grado de poner en duda la gobernabilidad del país. Estos pronunciamientos han sido no solamente irresponsables sino hipócritas a la luz de las condiciones que prevalecen en Estados Unidos.
Las declaraciones de funcionarios como Dennis Blair, director nacional de Inteligencia, quien aseguró que "el Gobierno mexicano ha perdido el control en algunas partes de su territorio debido al narcotráfico", carecen de toda autoridad moral, pues independientemente de los fenómenos de violencia vinculados al crimen organizado, en nuestro país se vive un ambiente de gobernabilidad democrática.
Por su parte, David T. Johnson, director de la oficina de Narcotráfico Internacional del Departamento de Estado dijo que en el negocio de las drogas en México participan directamente unas 150 mil personas que mueven capitales hasta por 25 mil millones de dólares y 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por México procedente de Sudamérica. Declaraciones que se dieron el mismo día en los norteamericanos recortaban 150 millones de dólares al Plan Mérida. Señaló también que en el negocio de las drogas en México participan directamente unas 150 mil personas que mueven capitales hasta por 25 mil millones de dólares, aseguró el martes pasado el director de la oficina de Narcotráfico Internacional del Departamento de Estado.
Nadie señala, sin embargo que la guerra que México ha emprendido es producto de un problema transnacional, que como nunca México está combatiendo con total decisión.
El presidente Calderón, su secretario de Gobernación Gómez Mont y el procurador general Medina-Mora, han puesto los puntos sobre las íes con contundente claridad. La entrada y distribución de las drogas en Estados Unidos no podría hacerse sin una activa connivencia de sus funcionarios.
En esta merecida subida de tono de nuestra posición, que con gran satisfacción escuchamos. México está denunciando con todas sus letras que una corrupción interna hasta ahora no confesada está ensuciando la Administración pública norteamericana que hasta ahora poco o nada hace para cumplir la responsabilidad que le corresponde en una lucha que, para ser eficaz, tiene que compartirse. Si México ha puesto su parte, a Estados Unidos ya le corresponde actuar.
No es nuevo el que México señale el inmenso mercado de consumo de drogas que existe en Estados Unidos. Desde hace tiempo se les viene diciendo que sin ese mercado interno calculado en más de 25,000 millones de dólares anuales, no se daría el grueso del narcotráfico mundial y que, por nuestra particular posición geográfica, directamente nos afecta. Ser vecino del mayor mercado de drogas del mundo le está costando a México los altos costos en vidas y dinero que su combate implica.
Ante esta realidad, los Estados Unidos hasta ahora han pretendido eludir su responsabilidad y arreglar el problema ofreciendo financiamientos.
En efecto, cuántas veces les hemos escuchado afirmar que en su país no existen mafias y que el negocio de la entrada, almacenamiento y distribución de las drogas es actividad-hormiga, realizada a través de micronegocios que escapan a la detección. Nunca han aludido a los indispensables mayoristas e intermediarios.
Una nueva ironía consiste en que ahora, que por fin comienzan a efectuarse las primeras incautaciones de drogas y armas en Estados Unidos, los funcionarios de ese país afirman que los culpables son mafias mexicanas que penetraron su territorio. Esta aseveración no hace sino confirmar que las redes de corrupción gozan de una criminal tolerancia política y administrativa norteamericana.
La inquietud de México se extiende también al tema de contrabando de armas. Así como Estados Unidos cree tener derecho de juzgar asuntos internos mexicanos, nosotros tenemos más que suficientes razones para condenar la libertad de comercio de armas, basado en un argumento constitucional que trasgrede el más elemental sentido común y provoca estragos no sólo domésticos, sino daña la relación entre ambos países.
Si Estados Unidos asumiera con seriedad su compromiso para que se respeten las leyes norteamericanas que prohíben la exportación de armas, el tenor de la lucha sería distinto. Sólo como ejemplo, en lo que va del año en México se han incautado 34 mil armas, de las cuales 19 mil son rifles de asalto, la mayoría de las cuales fueron compradas en Estados Unidos.
