Cuatro años después de ganarle al Gobierno un pleito que le permitió recuperar los cinco ingenios que le había expropiado, el Grupo Santos no ha logrado hacer efectiva su exigencia de cuentas claras, por más que las plantas regresaron a su férula.
La manzana de la discordia son más de mil millones de pesos… o si lo prefiere miles de toneladas de azúcar que estaban en sus bodegas.
Como recordará usted, tras la publicación del decreto de expropiación de 27 ingenios que representaban la mitad de la producción nacional del dulce en el país, el gobierno procedió a incautar tal cual las unidades, es decir, terrenos, maquinaria, equipos y, naturalmente, existencias.
Los cuatro grupos afectados, es decir, Escorpión, de Enrique Molina Sobrino; México, de Juan Gallardo Thurlow; Santos, de Alberto Santos de Hoyos, y Machado, de Teresita Machado, apenas tuvieron tiempo de actualizar su inventario, a efecto de formalizar la entrega.
El caso es que revertida la medida al no justificar el gobierno su utilidad pública en el caso de los tres últimos grupos, se regresaron las unidades, no así el azúcar.
En el caso concreto del Grupo Santos, se le entregaron existencias en caja por 78 millones de pesos, apenas algo más de la vigésima parte del valor, entonces, del dulce que atiborraba sus bodegas.
El hecho es que hasta hoy tanto la Secretaría de Agricultura, a cuya férula se consignó la administración de las unidades, como la de Economía, en quién recayó la rectoría en la ordenación del mercado, han sido sordas a los reclamos.
A quién le importan las denuncias por despojo colocadas en la mesa.
A quién le importan las acusaciones de rapiña contra los funcionarios cuya misión, en el papel, era ofrecerle rentabilidad a los ingenios para luego venderlos al capital extranjero que pudiera multiplicar las opciones de negocio. Se diría que a la vista de la inevitable reversión de la medida, había que saquear lo que se moviera… o de plano malbaratar el dulce para darle el gran negocio a un particular cuya identidad mantiene el gobierno bajo siete llaves.
Como recordará usted, tras la expropiación, el gobierno creó dos fideicomisos privados integrados a Nacional Financiera para mantener la operación de los ingenios: uno para la administración y otro para la comercialización.
Estamos hablando del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero y del Fideicomiso para Comercialización.
Bien, pues este último recibía el dulce a precios de ganga… para venderlo a costo de mercado.
El gran negocio, pues, con cargo a las posibilidades de subsistencia de los ingenios.
Lo curioso del caso frente a la protección del gobierno actual a los involucrados, es que el acto de fuerza por instrumentado de manera burda por el gobierno foxista.
De lo ilegal de la maniobra habla la negativa del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para avalarla.
De hecho, hay versiones que hablan de que se le colocó en la disyuntiva de renunciar, por más que era el único funcionario que habría pasado una evaluación de calidad en el gabinete.
La idea de la expropiación surgió en la oficina del entonces secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, como una vía para cobrarse “a lo chino” las deudas que mantenía con el gobierno el Grupo Azucarero Escorpión.
El problema es que dirigir la mira hacia un solo grupo, en un escenario en que la mayoría arrastraba deudas, acaso no tan cuantiosas, pareciera consigna.
Así, se colocó en la mesa una segunda opción: llevar a la leva al Grupo Azucarero México, quien había irritado al gobierno al subirse al último camión de la extinta Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, en agravio del Banco Nacional de Comercio Exterior. De hecho, se habla de alguna maniobra para evitar que la solicitud se empatara con la Ley de Concursos Mercantiles que entraría al relevo.
El problema, ahora, es que tanto Escorpión como México eran dueños de plantas de Pepsi Cola, es decir, gran parte de su producción apuntaba hacia la firma.
Ello podría provocarle al gobierno un conflicto internacional, dada la participación en el pasado del entonces presidente Vicente Fox como funcionario de la firma contraria.
El gobierno de Coca-Cola le asesta un golpe a su tradicional rival.
De ahí, pues, el que se haya incluido a Santos y Machado, cuyas ligas apuntaban hacia la otra refresquera, por más que ninguno de ellos tenía plantas productoras, y por más que Alberto Santos de Hoyos le haya vendido su empresa productora de galletas Gamesa a Pepsico.
Con todo esto, el rompecabezas, pues, estaba resuelto en teoría… aunque en la práctica faltaba la pieza mayor: justificar la utilidad pública de la medida.
Se trata del “ahí se va” que caracterizó al gobierno foxista.
¿A quién se está protegiendo?
Balance general
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, este año la actividad tendrá un crecimiento negativo de 8.8%, tras acumular una caída al primer semestre de 5.3%.
En el tobogán, la industria ha perdido 299 mil empleos. La razón de la debacle se inscribe en el cuentagotas con que el gobierno está dando curso a los recursos para obra pública, pese a las promesas en contrario.
De nada sirvió, pues, que se haya incrementado 41% el presupuesto en relación al año pasado.
Napoleón I
En afán de mantenerse en el trono adquirido por derecho de sangre, Napoleón Gómez Urrutia modificó unilateralmente 81 cláusulas de los estatutos del sindicato minero, erradicando, por ejemplo, el requisito de honestidad para aspirar al cargo.
Más allá, autocrático, borró del mapa la exigencia de concretar las decisiones con el Comité Ejecutivo Nacional.
Adicionalmente, se descartó la obligación de realizar las votaciones por escrutinio secreto.
Por lo pronto, ya se le voltearon al menos seis secciones sindicales, entre ellas las de Fresnillo, Torreón y Caborca.
Recursos frescos
La primera acción del grupo español Caja Mediterráneo tras adquirir a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Crédito Inmobiliario, será financiar la construcción de desarrollos turísticos en diversos lugares de la república. La línea de crédito será de 23 mil millones de pesos.
En paralelo, los españoles pondrán a disposición de desarrolladores el escándalo de 300 mil millones de pesos para viviendas.
La sofom fue adquirida a fines de mayo pasado en 2 mil 700 millones de pesos.
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