La comisión de derechos humanos del Senado de la República formará hoy la terna de candidatos de la que el próximo jueves el pleno de esa cámara elegirá a quien presida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo constitucional autónomo dotado de amplios recursos financieros, pero con una disminución no en el aprecio público (pues diferentes encuestas la ubican en un lugar preponderante de asentimiento social) sino en la valuación del ámbito especializado de su materia. Tan clara es la percepción de que urge rehacer esa institución, que todos los aspirantes, aun los que proceden de su actual administración, manifestaron su propósito de reconstituirla.
A la convocatoria correspondiente acudieron tres docenas de personas, con una amplia gama de aptitudes y posibilidades. Veintisiete aspirantes fueron entrevistadas por miembros de las comisiones de justicia, estudios legislativos y derechos humanos. La actuación conjunta de esas comisiones en una parte del proceso obedece a la composición interna del Senado y al despliegue de intereses que las fracciones o sus líderes procuran sacar adelante. Sin embargo, la integración de la terna después de las entrevistas será responsabilidad de la comisión ordinaria de esa materia, encabezada por la senadora Rosario Ibarra, cuyo prestigio y experiencia en este ramo le confieren plena autoridad moral para ese propósito.
Los senadores pudieron apreciar que la mayor parte de los precandidatos manifiestan y han vivido un genuino interés por los derechos humanos. Si la elección se realizara en un contexto formado sólo por valores, y no en una estructura con limitaciones jurídicas e intereses políticos, el general Francisco Gallardo tendría mayores posibilidades en este proceso por su trayectoria ética: su propuesta de instaurar una defensoría castrense de derechos humanos le produjo cárcel, persecución y degradación.
Creo, y es una convicción muy extendida en dilatados territorios, que el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Emilio Álvarez Icaza reúne en combinación óptima los talentos y las calificaciones para ser el ombudsman nacional. Amén de su formación en ciencias sociales en la UNAM, su trayecto comprende labores en la sociedad civil y en organismos públicos responsables de garantizar derechos humanos en general y en particular el de la libertad de sufragio.
Por fortuna para todos, los senadores encontrarán otras muchas posibilidades para completar la terna, pues por lo menos seis personas más podrían ser elegidas para presidir la CNDH. Llegué a esa conclusión tras conocer sus antecedentes y de ver y escuchar sus entrevistas, transmitidas puntualmente por el Canal del Congreso en un saludable ejercicio de transparencia. Antes de las preguntas de los senadores, algunas no carentes de intencionalidad política, los aspirantes resumieron en diez minutos sus propuestas de trabajo.
Citados en el orden alfabético de sus apellidos me referiré a esos seis ciudadanos:
Mauricio Farah es abogado que se formó en la UNAM e hizo una maestría en la universidad de Essex. Si bien su camino en el ámbito de los derechos humanos es breve (en 2005 fue nombrado quinto visitador de la CNDH) parece haberse interiorizado del género de actuaciones que se esperan de esa oficina. Lo muestra su recomendación sobre el acoso judicial que padecen Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, de la revista Contralínea.
Luis Raúl González Pérez es abogado general de la Universidad nacional. Ha trabajado en diversos momentos en la CNDH y ha desarrollado tareas en el Ministerio Público. Fue el último fiscal especial para indagar el asesinato de Luis Donaldo Colosio pero por el tiempo transcurrido al momento en que abordó esa labor ministerial su cometido consistió en organizar y presentar los resultados, contradictorios en algún momento, de esa averiguación.
Gerardo Laveaga tiene también esa formación jurídica, obtenida en su caso en la Escuela Libre de Derecho. Agrega a ella una activa búsqueda humanista, que en alguna medida suple su falta de experiencia en cargos directa y explícitamente relacionados con los derechos humanos. Es autor de novelas de mérito. Actualmente dirige el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuyas tareas de investigación, docencia y editoriales son altamente apreciables.
Guadalupe Morfín Otero nació en Guadalajara, como sus apellidos lo indican, y en la Universidad pública de esa ciudad se graduó de abogada. Fue una valiente y eficaz presidenta de la comisión jalisciense de derechos humanos y después ha ejercido funciones relacionadas con la integridad y la dignidad de las mujeres. No sobra en su formación, sino que la completa, su dedicación a las letras, a la creación poética en particular.
Patricia Olamendi es abogada por la UNAM. Su desempeño profesional se ha concentrado en las víctimas de delitos. En la cancillería fue subsecretaria de asuntos multilaterales y de derechos humanos. Su activismo político la ha dotado de aptitudes para el combate por las causas a que se afilia, dote conveniente en la promoción de los derechos humanos.
Ricardo Sepúlveda es egresado de la Libre de Derecho. Con el secretario Santiago Creel fue director de la Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos, terreno en el que se adentró con prestancia y en el que es experto certificado por la universidad de Nottingham. Fue el primero en presentar un programa que sustenta su aspiración a presidir la CNDH.