El Gobierno de México condenó hoy el "serio perjuicio a millones de ciudadanos" causado el miércoles por las movilizaciones de ex trabajadores electricistas de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y señaló que no dará marcha atrás en su decisión de disolver la empresa.
El secretario (ministro) del Trabajo mexicano, Javier Lozano, dijo hoy en conferencia de prensa que el derecho a la libertad de expresión de los ex funcionarios "no puede nunca estar por encima de otras libertades como las de tránsito, asociación y trabajo" de la ciudadanía.
Ayer decenas de miles de manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el de la empresa LyFC y de otros sindicatos de varios ramos económicos, se manifestaron por varios estados de México y colapsaron durante horas el tráfico en la capital del país.
Mediante bloqueos estratégicos en varios de los accesos de Ciudad de México pidieron que sea derogado el decreto presidencial de extinción de LyFC, vigente desde el pasado 11 de octubre, y amenazaron con convocar a una "huelga nacional" si ello no sucede.
El ministro Lozano reiteró que el Gobierno federal "no dará marcha atrás" en su decisión, que en su día justificó por lo gravoso que era para el Estado mantener una empresa con baja productividad, en la que trabajaban unos 44.500 empleados.
"La extinción de LyFC es un hecho consumado y la liquidación sigue adelante", señaló Lozano, quien recordó que hasta el momento un 54,2% de los ex trabajadores, esto es 21.149, han recibido su liquidación y una compensación adicional ofrecida por el Ejecutivo.
Lozano lamentó sobre todo "la afectación colectiva contra los ciudadanos, los actos de provocación y los signos de intolerancia hacia algunos medios de comunicación".
También el ministro hizo énfasis especial en su condena a "la violencia ejercida contra (cuatro) elementos de seguridad pública, que realizaron una labor estrictamente preventiva y de control y que fueron materialmente arrollados por los manifestantes" en la autopista México-Querétaro.
Como consecuencia de estos últimos hechos hay detenidas once personas.
Lozano recalcó que "frente a la fuerza de la movilización siempre será mejor la fuerza de la legalidad y de la razón", y se mostró convencido de que las acciones legales contra la disolución de LyFC "carecen de sustento suficiente para tener éxito".
Finalmente, señaló que esta misma semana unos 800 ex trabajadores de LyFC comenzaron un proceso de reclutamiento y capacitación que culminará con la contratación de algunos de ellos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la otra empresa pública del sector que ha asumido las operaciones de LyFC.
LyFC operaba en el centro del país, incluida la capital, en un sector que abarcaba a 25 millones de personas.
