Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos enviado al Congreso por la Secretaría de Hacienda podría mantener al país en la recesión, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El presupuesto público para 2010 contempla un impuesto de 2% al consumo, incrementar en 2 puntos el ISR de manera temporal y aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 4% para el sector de telecomunicaciones.
"Esta propuesta... lleva consigo el germen de un fracaso anunciado, porque le pega al mercado interno, a las empresas y a la clase media y muy probablemente también a la baja", critica la Coparmex en un comunicado.
Alerta que es indispensable aplicar medidas contundentes para mitigar el riesgo de "inflación fuera de control, devaluación del peso y crecimiento de las deudas públicas y privadas" para el próximo año.
En el paquete fiscal propuesto por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, "no hay ninguna medida para aumentar la base de contribuyentes", destaca el comunicado del organismo patronal.
Además, contrasta que la propuesta de Hacienda va en sentido contrario a la tendencia internacional, que consiste en reducir gravámenes y estimular la inversión privada.
En México, el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) incrementará 0.5% en 2010, mientras que "un 4% de aumento para las telecomunicaciones puede tener un efecto inhibitorio importantísimo para la demanda en un sector tan elástico al precio como éste", subraya la Coparmex.
Por otra parte, el organismo aplaude la propuesta para desaparecer la Secretaría de la Función Pública, de Turismo y de la Reforma Agraria. Sin embargo, esta medida se queda corta frente a las erogaciones "multimillonarias" de los partidos políticos y la creación de subsecretarías en las diferentes dependencias del poder Ejecutivo.
"Hay que llevar las tijeras a organismos descentralizados tan onerosos como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos", agrega el organismo cúpula.
Pero lo que más preocupa a la Coparmex es la falta de disposición en el Congreso para aplicar las reformas estructurales urgentes que incentiven la inversión e incrementen la base gravable.
"No estamos percibiendo esa disposición en la Legislatura que acaba de arrancar funciones", denuncia la Confederación.
