Polémica. Enciende el presidente del Gobierno de Italia, Silvio Berlusconi, una polémica en Italia al proponer modificar su Constitución. ARCHIVO
El presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha desencadenado la polémica en el país después de su propuesta de cambiar la Constitución, al asegurar que se inspira en la ideología soviética.
Los medios de comunicación recogen las duras reacciones de una parte del mundo político y de la opinión pública ante las críticas de Berlusconi a la Constitución italiana, que el año pasado cumplió 60 años.
"La Constitución italiana hay que cambiarla, es una Ley que se firmó hace muchos años bajo la influencia del final de la dictadura y fue redactada por fuerzas ideológicas que tomaron la Constitución rusa como un modelo del que seguir muchas indicaciones", dijo Berlusconi.
Berlusconi ya había lanzado como hipótesis la posibilidad de realizar una reforma constitucional el pasado viernes, cuando el presidente de la República, Giorgio Napolitano, se negó a firmar el decreto urgente con el que el Gobierno quería detener la muerte de Eluana Englaro, la italiana en estado vegetativo a quien se le ha suspendido la alimentación.
Ante este obstáculo, el primer ministro afirmó entonces que si al Gobierno se le quita su derecho de aprobar decretos urgentes, acudiría a los ciudadanos para proponer un cambio en la Carta Magna.
Walter Veltroni, líder de la principal formación en la Oposición, el Partido Demócrata (PD), acusó al jefe del Gobierno de haber olvidado que ha jurado fidelidad a la Carta Magna al recibir su cargo.
"La Constitución ha nacido gracias al sacrificio de millones de italianos que se opusieron así a quien había cancelado el papel del Parlamento y prohibido a la oposición expresar sus ideas", dijo Veltroni.
El ex líder de la Democracia cristiana y siete veces presidente del Gobierno, Giulio Andreotti, defendió la actual Constitución, que "ha funcionado siempre en momentos difíciles como en los años del terrorismo y lo hará en los próximos años".
Señaló que, aunque está previsto en la Constitución, "no se puede abusar" del instrumento del decreto Ley, que permite a un Gobierno aprobar medidas sin aprobación del Parlamento.
