MADRID, ESPAÑA.- Una Corte española acordó analizar la apertura de un caso contra 6 ex funcionarios del Gobierno del presidente de EU George W. Bush, incluyendo al ex secretario de Justicia, Alberto Gonzales, por su presunto encubrimiento de torturas en la base naval de Guantánamo, informó un abogado en el caso.
Un grupo de abogados por los derechos humanos llevó el caso ante el juez antiterrorismo Baltasar Garzón, que aceptó enviarlo a los fiscales para decidir si merece desarrollarse, indicó Gonzalo Boye, uno de los abogados que presentó los cargos.
Los ex funcionarios del Gobierno de Bush son Gonzales; el ex subsecretario de la Defensa para la política, Douglas Feith; el ex jefe de cartera del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; los funcionarios del Departamento de Justicia John Yoo y Jay S. Bybee, y el abogado del Pentágono William Haynes.
Se enviaron correos electrónicos a Yoo y Feith, pero no fueron respondidos de inmediato.
La Ley española permite que las Cortes puedan realizar juicios internacionales en casos de tortura o crímenes de guerra bajo la doctrina de la justicia universal, aunque el Gobierno indicó que espera limitar el alcance de estos procesos legales.
Garzón se hizo famoso por presentar cargos contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Otros jueces españoles han investigarán presuntos abusos, desde el Tíbet a la "Guerra Sucia" en Argentina y los conflictos en El Salvador y Ruanda.
Hasta ahora los resultados no han sido positivos y sólo uno de los sospechosos ha sido extraditado a España. Cuando se interpuso un caso similar contra funcionarios israelíes a comienzo de 2009, el ministro de asuntos exteriores Miguel Ángel Moratinos le aseguró a su homólogo de Israel que el proceso se desecharía.
En el caso de que se entreguen acusaciones formales a los ex funcionarios estadounidenses está poco claro si se realizarán arrestos. Los ex funcionarios deberán viajar de Estados Unidos a un país dispuesto a tenerlos bajo custodia antes de una posible extradición a España.
Los funcionarios fueron señalados por crear una fachada legal a métodos de interrogatorio como la amenaza de ahogamiento con agua a los sospechosos de terrorismo en Guantánamo.
Boye indicó que esperaba que la Audiencia Nacional prosiguiera con el caso y negó los temores de que esto podría afectar las relaciones bilaterales con EU. Indicó que algunas de las víctimas de las presuntas torturas eran españolas, por lo que esto fortalece el argumento para la jurisdicción.
El abogado subrayó que el caso no fue interpuesto para los interrogadores que pudieron cometer los crímenes, sino para los abogados y otros funcionarios.
