"La equidad es la justicia, llevada más allá de lo que la ley ordena."
Aristóteles
El que la Suprema Corte de Justicia haya decidido irse de vacaciones antes que iniciar de inmediato una investigación sobre la muerte de 48 niños en la guardería ABC de Hermosillo parecería una de las acciones más insensibles que pueda cometer cualquier servidor público. Con razón ha caído una lluvia de descalificaciones y vituperios sobre los ministros. Sólo hay un problema en estos cuestionamientos. La información en que se basan es falsa.
Es verdad que los ministros se fueron de vacaciones, como todo el Poder Judicial, este 15 de julio, pero eso no interrumpió el proceso de determinar si la Corte debe investigar el incendio del 5 de junio. Es incorrecta la idea de que el ministro Sergio Valls presentó ya al pleno un proyecto de sentencia para llevar a cabo la investigación; lo que hizo fue "hacer suyas" las peticiones de los padres de niños y de la Comisión Permanente. ¿Por qué? Porque el Artículo 97 de la Constitución no le da a los ciudadanos comunes y corrientes o a la Comisión Permanente del Congreso la facultad de solicitar una investigación de la Corte. Al volver suya la petición, el ministro Valls hizo posible que la Corte designara a un ministro para redactar un proyecto de sentencia.
El ministro elegido es Sergio Aguirre Anguiano, quien queda en estas vacaciones en la Comisión de Receso y puede por lo tanto adelantar el trabajo (con la ventaja de que no tendrá sesiones en la Corte). Si la Corte no hubiera tomado el receso, de todas formas habría sido necesario esperar a la redacción del proyecto, que tendrá después que ser votado en el pleno.
El problema real puede venir después. Mucha gente espera que la Corte rebase a la Procuraduría General de la República y "castigue a los responsables". Sin embargo, el Artículo 97 de la Constitución le da a la Corte facultades "únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual". La Corte no puede reemplazar al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal (y es lógico, porque no puede ser a un mismo tiempo fiscal y juez).
El que los padres exijan la intervención de la Corte es una buena señal para ésta. Quiere decir que le tienen más confianza a ésta que a las procuradurías de Sonora o de la Federación. Pero de la confianza puede sobrevenir una decepción. Haga lo que haga la Corte, el castigo sólo podrá venir de las acusaciones que promueva un Ministerio Público. Imagino ya las protestas del futuro en que se afirmará que la Corte ha sido cobarde al no castigar a los responsables.
Uno de los problemas de este caso ha sido la dificultad para encontrar y exhibir culpables. La PGR, y la Procuraduría de Sonora con anterioridad, han procedido contra personas que poca o ninguna responsabilidad parecen haber tenido en la tragedia. La única persona en la cárcel es Irma Díaz, una supervisora zonal de guarderías sin facultades en asuntos de protección civil. Hay una orden de aprehensión también contra la dueña del predio, que cometió el "delito" de alquilar locales a instituciones que tenían todos los permisos necesarios para operar.
Quizá en el ambiente de linchamiento que ha surgido tras la tragedia la intervención de la Corte sea saludable. No estoy seguro de que estemos ante un caso de graves violaciones a las garantías individuales, como ordena el Artículo 97 de la Constitución, sino de negligencia criminal. Pero la Corte, precisamente por su proceder pausado y cuidadoso, puede ayudar a delimitar las responsabilidades en una investigación independiente de la de la PGR.
Si realmente el abuso de algunos mexicanos del derecho de asilo canadiense es la razón del intempestivo establecimiento de visados para todos los mexicanos en Canadá, ¿por qué no se resolvió el problema restringiendo la posibilidad de que los mexicanos pudieran acogerse a ese asilo o por qué no se estableció una pena para aquellos que abusaran del sistema de asilo?
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