“Acteal sigue siendo un jeroglífico. Más allá de los aspectos legales,
está el problema de la verdad.”
Héctor Aguilar Camín
La visión es simplista y maniquea. La matanza de Acteal fue un crimen de Estado. El Gobierno de Ernesto Zedillo utilizó grupos de paramilitares priistas para hostigar a los indígenas cercanos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El homicidio de 45 miembros de la comunidad de Las Abejas mientras rezaban fue consecuencia de esta política.
En esta versión sólo hay cabida para dos grupos: los buenos y los malos. Los buenos eran los zapatistas. El grupo de Las Abejas, aunque no era precisamente zapatista, era bueno por religioso y cercano al EZLN. Los malos eran los priistas, quienes bajo las órdenes de perversos gobernantes en Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y el Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez atacaron a Las Abejas.
Los hechos, sin embargo, no coinciden con esta visión. Lo que sabemos es que desde 1996, cuando el EZLN declaró la creación del “municipio autónomo” de Polhó en el municipio de San Pedro de Chenalhó, hubo enfrentamientos entre zapatistas y “priistas”. Estos últimos no eran miembros o siquiera simpatizantes del PRI, sino simplemente indígenas que defendían la legitimidad del Gobierno electo.
Tan sólo en los primeros siete meses de 1997 se registraron 43 denuncias penales y 22 muertos entre los dos grupos. Las diferencias no eran realmente políticas sino de acceso a tierras y recursos minerales. Uno de los grandes motivos de la violencia, por ejemplo, fue que los zapatistas “expropiaron” en 1996 una mina de arena en Majomut que era la única fuente de riqueza no agropecuaria de la zona.
El 22 de diciembre de 1997, según cuenta Héctor Aguilar Camín en su serie de artículos Regreso a Acteal (Nexos 2007) basados en testimonios judiciales de los participantes, se produjo un enfrentamiento entre zapatistas y no zapatistas. Los no zapatistas se retiraron a eso de las tres de la tarde y se llevaron a sus muertos y heridos. Algo pasó en las siguientes horas que no conocemos.
En la madrugada siguiente fueron encontrados 45 cuerpos. Alguien los había apilado. La mayoría de las víctimas murió por heridas de bala, pero 12 fueron ejecutados con machete o instrumentos contundentes. Los no zapatistas, sin embargo, al parecer no llevaban machetes. En la madrugada del día siguiente un médico certificó que algunos de los cadáveres no presentaban rigor cadavérico, lo que supondría que habían perdido la vida pocas horas antes.
La PGR consignó a casi un centenar de indígenas “priistas”: algunos claramente culpables, otros sin aparente relación con los hechos. La semana pasada, casi 12 años después, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha liberado a 20 y ha pedido a tribunales inferiores emitir nuevas sentencias para otros seis. Treinta y un casos más serán decididos esta semana.
Los acusados fueron detenidos en violación a las más evidentes garantías individuales. Pero ése no es el tema fundamental. Mucho deberíamos preocuparnos si la Corte hubiera decidido dejar en libertad a un grupo de asesinos por alguna violación trivial de los procedimientos judiciales. Quienes han sido liberados, según las pruebas disponibles, simplemente no tuvieron relación con los hechos.
Mucho es todavía lo que no conocemos sobre la matanza de Acteal. Quizá sabemos lo que no ocurrió: ese mítico crimen de Estado ordenado por un grupo de enloquecidos dictadores. Pero la Suprema Corte no ha resuelto las dudas sobre lo que realmente sucedió.
TODOS DESPEDIDOS
Debe preocuparnos la gravedad de la situación en Aduanas cuando el Gobierno Federal decide destituir a absolutamente todos los elementos de la Policía Fiscal. ¿Estarán pagando justos por pecadores? Algunas de las experiencias de despidos de todos los elementos de un cuerpo policial, como en varias policías municipales, no han servido, sin embargo, para eliminar la corrupción.
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