Cronología de acontecimientos vinculados con la presunta desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
25 de mayo de 2007. Los guerrilleros Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz (Raymundo Rivera) desaparecen.
5 de julio de 2007. Se registran explosiones en los gasoductos de los municipios de Salamanca, Celaya y Valle de Santiago, en Guanajuato.
10 de julio de 2007. Explotan ductos de Pemex en el municipio de Corregidora, Querétaro. En un comunicado el EPR se atribuye estos atentados y los registrados en Guanajuato.
10 de septiembre de 2007. Después de los ataques perpetrados contra ductos de Pemex en Veracruz, las autoridades encuentran un artefacto con el mensaje: "PDPR-EPR, vivos se los llevaron, vivos los queremos".
24 de abril de 2008. EPR pide a cinco intelectuales mediar ante las autoridades para buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
28 de abril de 2008. El EPR se compromete a no realizar acciones armadas durante el tiempo que dure la intermediación de los intelectuales con el gobierno federal, para buscar a sus militantes desaparecidos.
5 de mayo de 2008. El EPR delimita el trabajo de la comisión de intelectuales que propuso para encontrar a sus militantes desaparecidos hace casi un año, como sólo de intermediación ante instancias legales "y nada más".En dos comunicados difundido con carácter de derecho de réplica, el grupo armado no responde explícitamente a la contrapropuesta gubernamental para entablar un diálogo directo, ni explica el futuro de la tregua ofrecida en su comunicado del 28 de abril.
9 de mayo de 2008. El diálogo entre el gobierno federal y la comisión de mediación propuesta por el EPR da sus primeros pasos. Aunque la Secretaría de Gobernación no les da el carácter de mediadores, los intelectuales propuestos por el EPR se constituyeron ya como comisión de mediación y fueron aceptados por la parte oficial, incluida la senadora Rosario Ibarra, a quien había "vetado".
12 de mayo de 2008. El EPR anuncia que rechaza sostener diálogo directo con el gobierno federal, niega cualquier pretensión de encauzar su movimiento por la "vía institucional", dice que el gobierno está preparando "chivos expiatorios" para tratar de "resolver" la situación de sus militantes desaparecidos el 25 de mayo pasado y asegura que se preparan más crímenes por parte del Estado hacia los luchadores sociales."Ni diálogo, ni negociación que signifique la rendición incondicional y mucho menos que se abandone la lucha armada para tener una incorporación a la vida institucional, porque las bases sociales, así como las demandas populares y los conflictos sociales por los cuales se tomó la decisión de la vía armada, no están resueltos".
13 de mayo de 2008. Inicia el diálogo entre la Comisión de Medicación, propuesta por el EPR, y el gobierno federal.
25 de junio de 2008. El EPR niega haber realizado negociación alguna con el gobierno federal para decretar la tregua en vigor y encuadra las versiones en el terrorismo de Estado que "se ha desplegado en su contra".
20 de junio de 2008. El EPR emite un comunicado en el que propone los nombres de Samuel Ruiz, Rosario Ibarra, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Carlos Montemayor, como intermediarios ante el gobierno para dar con el paradero.
11 de agosto de 2008. El EPR exige que el gobierno federal tome en cuenta muy seriamente y reconozca de manera oficial a la Comisión de Mediación que está en la búsqueda de sus militantes desaparecidos el año pasado, y pide que se les dé ya respuesta oficial y por escrito a los cuestionamientos de la misma. Asimismo, pide que su prudencia al no reanudar sus ataques armados no sea confundida con debilidad.
22 de enero de 2009. La Comisión de Mediación, integrada por siete personalidades, señala que el gobierno federal no ha mostrado interés para abrirse a una real interlocución con ella ni para abrir rutas eficaces de solución al caso; y señala que el 6 de enero pasado se entrevistó con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, a fin de informarlo de la situación.
30 de enero de 2009. Se vence el plazo en el que el gobierno debe resolverles la ampliación de su interlocución al Ejército, la PGR y el Cisen.
