El PRD en San Lázaro se pronunció por la renuncia del procurador general de la República, Arturo Chávez, tras aparecer en el expediente del fallo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano sobre feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
'Como existe en la sentencia y está jurídicamente sustentado el nombre del procurador Arturo Chávez Chávez, por tener responsabilidad en los feminicidios, así como lo han hecho organizaciones civiles del país, nos uniríamos a pedir su renuncia como procurador".
Tal pronunciamiento lo hizo la vocera del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada, quien agregó que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) "no puede ser juez y parte, está el nombre en el expediente y él es quien imparte justicia en el país.
Recordó que Arturo Chávez Chávez fungió como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.
En rueda de prensa, señaló que su fracción legislativa dará seguimiento al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y agregó que propondrán dos alertas de género en el estado de México y Chihuahua, que es en donde se registran el mayor índice de feminicidios en el país.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Feminicidios y diputada del PRD, Teresa Incháustegui Romero, señaló que vigilarán de forma muy estrecha con organizaciones de la sociedad civil para que se cumpla lo que planteó la Corte Interamericana.
Lo anterior con el fin de que mejoren los protocolos de investigación sobre los feminicidios, ya que no han sido los correctos y no han permitido identificar en muchas ocasiones a las víctimas.
Además, indicó que van a proponer que se aplique el Protocolo Alba para que reaccionen de manera rápida al momento que se denuncie la desaparición de algún familiar.
Una de las debilidades de la justicia es que cuando empieza la investigación inicia 72 horas después, tiempo vital para una víctima, de acuerdo con lo que indican los familiares para evitar ese delito.
La sentencia, explicó, crea un precedente para toda la región de América Latina y el Caribe por plantear elementos para jurisprudencia de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo el relacionado con la seguridad y la vida.
En ese sentido, el fallo conmina en plazos perentorios de seis meses a un año para reconducir el proceso de investigación interrumpido; sancionar a los responsables materiales e intelectuales de esos feminicidios, y desarrollar mecanismos para abordar las indicaciones desde la perspectiva de género.
También se planteó la sanción a los funcionarios responsables de hacer esas investigaciones que omitieron y fallaron en el proceso, así como cejar en el hostigamiento sobre familiares de otras mujeres víctimas de la violencia feminicida, pendientes en el proceso de la investigación.
Además de la sanción económica para resarcir el daño a los familiares de las víctimas que el Estado debe cumplir en un plazo de seis meses, destacó.
