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Culpa SCJN a Ulises Ruiz en caso Oaxaca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, responsable de la violación grave de una serie de garantías individuales que se registraron en el conflicto magisterial, político y social que se vivió en la capital de su entidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, responsable de la violación grave de una serie de garantías individuales que se registraron en el conflicto magisterial, político y social que se vivió en la capital de su entidad.

EL UNIVERSAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, responsable de la violación grave de una serie de garantías individuales que se registraron en el conflicto magisterial, político y social que se vivió en la capital de su entidad, de mayo de 2006 a enero de 2007.

Sin embargo, determinó que ni el ex presidente Vicente Fox ni algún integrante de su gabinete son responsables de dichas violaciones.

La Corte concluyó que durante este periodo se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.

De dichas violaciones, la Corte responsabilizó al gobernador Ruiz, así como al director General de Seguridad Pública del Estado, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de Navío José Moreno Rivas, y al de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

La Corte emitió esta decisión al ejercer la facultad que le confiere la Constitución para investigar violaciones graves de garantías constitucionales.

La decisión de la Corte será enviada para su conocimiento al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República, al Congreso de Oaxaca, entre otras autoridades, para que sean ellas quienes decidan si se le fincan a dichos funcionarios públicos responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas.

Pero como sólo tiene el carácter de una recomendación, dicha resolución podrá ser o no tomada en cuenta por dichas autoridades.

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