Un juez federal dictó auto de formal prisión a 116 ex policías municipales, estatales y federales que operaban en el estado de Hidalgo y que presuntamente están vinculados con la organización criminal integrada por el grupo de sicarios conocidos como 'Los Zetas'.
La Procuraduría General de la República informó que el Juez Segundo de Distrito en Xalapa, Veracruz, valoró los elementos jurídicos aportados por el fiscal y acordó iniciar formalmente el juicio en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
“Los ahora procesados se encuentran presumiblemente relacionados con las actividades delictivas de la organización criminal de los “Zetas” en Hidalgo, toda vez que aprovechando sus encargos como policías municipales, ministeriales, de la AFI y de seguridad estatal en esa entidad, proporcionaron protección e información a cambio de dinero”, de acuerdo con información difundida por la PGR.
Entre sus actividades, dichos policías le brindaban protección a “Los Zetas” además de información a sus miembros a cambio de dinero, participando en secuestros, “levantones”, extorsiones y ejecución de integrantes de otras organizaciones delictivas, contrarias.
Por otra parte, la procuraduría informó que consignó, en diversas acciones, a tres integrantes del grupo de sicarios del cártel de Juárez y a uno de “La Familia”.
En el primer la PGR consignó a Cristian Franco Franco, Edgar Flores Martínez y Omar Castro Rivera, por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS) de la SIEDO se acreditó que dichas personas forman parte de la organización delictiva denominada "La Línea", que también es conocida como "Cártel de Juárez", al mando de Vicente Carrillo Fuentes (a) "El Viceroy".
Mientras que en el segundo caso consignó a Jesús Morales Pérez “Chuy”, “Chucho”, “El Moralitos”, “Chucky”, “Ojitos”, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en las modalidades de fomento y de introducción al país de cocaína no consumada; posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
A Morales Pérez se le vincula con la organización delictiva autodenominada “La Familia” y estaba presuntamente relacionada con la introducción de un cargamento de cocaína procedente de Guatemala.
