La iniciativa es ambiciosa y coherente. Su trazo dibuja nuevos estímulos para la política que habrían de recomponerla de manera sustancial. Por su fuente y su propósito, se trata de la iniciativa más profunda de reconstrucción institucional del México contemporáneo. Es cierto que no ve fuera del marco del presidencialismo y que hay muchos ámbitos del régimen que, mereciendo reforma, permanecen intactos. Pero, concentrado en la Constitución y la interacción de los poderes federales, el boceto pretende cambiar la dinámica democrática. No pretendo especular aquí sobre las posibilidades de éxito de la reforma. Me interesa examinar su propósito y aventurar hipótesis sobre sus posibles consecuencias.
Veo en la propuesta presidencial una serie de válvulas, algunas palancas y un par de aplanadoras. El primer propósito de la propuesta es inyectar oxígeno al sistema político: permitir que la voluntad electoral tenga mayor peso; que los partidos políticos estén sometidos a un escrutinio más exigente; que los ciudadanos puedan acceder a la representación sin el patrocinio de las maquinarias. El centro de la propuesta oxigenadora es la reelección de legisladores y presidentes municipales. Es cierto que no debe ponerse demasiado énfasis en las maravillas de la reelección. La reelección no terminará la brecha entre electores y representantes; no logrará la identificación plena de voluntad popular y decisión política; disminuirá la rotación legislativa y exaltará los localismos. Pero modificará saludablemente la dinámica parlamentaria al desplazar a la ciudadanía un nuevo foco de lealtad. La reelección podrá ser, ante todo, un premio a la indisciplina partidista, esto es, una invitación al diálogo entre partidos del cual puede emerger el acuerdo. En el mismo sentido corren la propuesta de instaurar la iniciativa ciudadana y el rompimiento del monopolio de los partidos para la postulación de candidatos. En ambos casos, se trata de dispositivos en el margen. Puede anticiparse que pocas decisiones relevantes brotarán fuera del Congreso y que pocas candidaturas ciudadanas tendrán éxito. Pero la inclusión de estas figuras mantendrá alerta a los partidos políticos que pueden ver en la política apartidista una amenaza seria a su imperio.
La propuesta busca fortalecer el régimen presidencial. No atenta contra elCongreso, pero da nuevos instrumentos al presidente. La iniciativa preferente fortalece moderadamente al Ejecutivo. No somete al Congreso, no lo debilita, pero lo conmina a definirse. De este modo, el presidente puede impedir el desaire parlamentario que ni siquiera toma postura frente a sus propuestas. Se pretende también precisar el poder de veto del Ejecutivo, de acuerdo a las resoluciones recientes de la Suprema Corte. Es notable que la iniciativa no haya incluido una medida que, fortaleciendo al presidente, sí podría haber significado una merma en los poderes del Congreso. Me refiero a la inclusión del referéndum, institución que mucho sirve para que el presidente, a través de una consulta directa, evada las restricciones institucionales del Congreso.
Lo que menos me convence es la aplanadora que se esconde en la propuesta. Se pretende adelgazar el Congreso y se sube el umbral para el registro de los partidos políticos. Pero el corazón de la propuesta presidencial es la manera en que se ha diseñado la segunda vuelta. De ser aprobada la iniciativa, nada tendría mayor impacto que esta reforma. Lo relevante no es tanto la decisión de cambiar el mecanismo de elección presidencial, sino la manera en que se combina con la elección del Congreso. Se busca fortalecer la legitimidad del presidente. Para ello se prevé una segunda vuelta con los dos punteros en caso de que nadie obtenga en la primera ocasión el 50% más uno de los votos en disputa. Lo interesante es que se plantea que la elección del Congreso sea precisamente en la fecha de la segunda ronda. Con ello, los electores ya sabrían quién es la pareja finalista. No es extraño anticipar que el magnetismo de la elección presidencial supondrá un efecto significativo en la conformación de la Legislatura. Ésta me parece la consecuencia más delicada de la reforma propuesta. El rediseño de la elección presidencial puede tener un efecto devastador para la institucionalización del pluralismo en México. La tercera fuerza (por no decir otras menores) quedaría fuera del escenario en el momento en que se conforma la Legislatura. Veo por ello un velado ánimo bipartidista en la iniciativa. Es cierto que puede darle herramientas de eficacia al presidente electo bajo este mecanismo. No sería extraño que el presidente contara de nuevo con una mayoría legislativa favorable. Pero el precio de la gobernabilidad sería altísimo. Estaríamos expulsando de las instituciones representativas a una fuerza política crucial para la estabilidad democrática.
Si bien las válvulas y las palancas de la reforma son sensatas y valiosas; las aplanadoras previstas son claramente indeseables.
