La aparición en un artículo en el periódico semanario Desde la Fe que publica la Arquidiócesis de México, en relación con la postura del Partido Revolucionario Institucional frente a las iniciativas del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública, han suscitado un debate que es necesario asumir de manera mesurada y constructiva.
El autor atribuye a los legisladores federales priistas falta de voluntad para apoyar las iniciativas presidenciales sobre combate al narcomenudeo e incautación de bienes utilizados en actos delictivos, y con independencia de que la razón asista a la publicación mencionada y salvo el derecho que tiene el PRI de replicar sobre el tema, resulta impropia la postura del secretario general del CEN del PRI Jesús Murillo Karam, quien al más viejo estilo responde que su partido "no admite presiones vengan de donde vengan
La postura resulta impropia porque los diputados y senadores de todos los partidos fueron elegidos para legislar a nombre y en interés de la ciudadanía en general y por tanto, lo que hagan o dejen de hacer al respecto está sujeto al escrutinio público venga de la Iglesia Católica o de cualquier ciudadano, agrupación u organismo de la sociedad mexicana, la cual espera que los legisladores mantengan una actitud de apertura frente a las críticas y sugerencias de que sean objeto en ejercicio de sus funciones.
En otro apartado de su declaración, Murillo Karam manifiesta que la oposición a los proyectos de ley mencionados deriva de que los priistas advierten que plantean riesgos a los derechos fundamentales o garantías individuales de los gobernados, que pudieran verse amenazadas si se aprueban en sus términos actuales, por lo que los priistas requieren más tiempo y un estudio más profundo para pronunciarse sobre el particular.
Desde luego que este último argumento es válido porque nadie desea que se legisle al vapor o de manera irresponsable, de suerte tal que se ponga en riesgo el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, es evidente que la lucha que Estado y Sociedad despliegan en México en contra de los cárteles de la droga, exige ser apoyada con acciones ágiles y contundentes y en cambio, la actitud de la dirigencia priista confirma la estrategia en el Congreso que el PRI ha sostenido durante todo el tiempo en que ha sido Oposición, que mantiene empantanadas en todos los órdenes las reformas legales y constitucionales que tanto necesita nuestro país para enfrentar los retos del Siglo Veintiuno.
Otra vertiente de comentario que ofrece el artículo periodístico que nos ocupa, deriva de que procede de un órgano de comunicación oficial de la Iglesia Católica, por lo que resulta inevitable considerarlo a esa luz, con la carga histórica que el papel de la Iglesia implica.
Vuelve a plantearse el debate sobre los alcances de la participación de la Iglesia en la vida pública, que en el caso se justifica en virtud de que la seguridad y el combate al crimen organizado es un tema social que atañe a todo ciudadano, aunque hoy se asocie como nunca a las relaciones de poder.
En ese sentido también es inadecuada la respuesta de Murillo Karam porque en vez de argumentar con razonamientos a favor de la postura de su partido en el tema legislativo que nos ocupa, acusa al dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, de estar detrás de la publicación crítica que es objeto de comentario.
Se advierte que el debate amenaza como otros muchos, en desembocar en un estéril intercambio de dimes y diretes, en lugar de abordar con seriedad los temas de fondo cuyo tratamiento resulta vital para la salud de la República. Correo electrónico:
