En la quinta sesión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dedica a las presuntas violaciones graves a garantías individuales en Atenco y Texcoco, se debate sobre hasta dónde deben alcanzar las responsabilidades de autoridades en esos hechos.
Luego de que el alto tribunal declaró por mayoría que sí existieron violaciones graves a derechos humanos durante los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, ahora los ministros analizan si hubo responsabilidad de altos funcionarios en los abusos o sólo fueron cometidos por elementos operativos.
El ministro Genaro Góngora Pimentel propuso al pleno señalar como responsables de esos abusos al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina-Mora, entre otros funcionarios federales y locales, por no haber supervisado el operativo.
Dijo que cuando las corporaciones policiacas efectuaron detenciones y desbloquearon la carretera Texcoco-Lechería, los altos funcionarios que planearon y ordenaron el uso de la fuerza pública debieron supervisar que el operativo se llevara a cabo conforme a lo proyectado para evitar conductas ilícitas.
También sugiere como responsables a quienes encabezaban en ese entonces la Secretaría de Gobierno del estado de México, la Agencia de Seguridad Estatal, y de la delegación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en esa entidad.
Mientras Genaro Góngora consideró que los responsables son los altos mandos pues no se pueden atribuir conductas específicas a los policías, Salvador Aguirre Anguiano calificó como un exceso atribuir responsabilidad al gobernador mexiquense, al actual titular de la PGR y a otros funcionarios.
En un punto medio se situaron Ramón Cossío Díaz y Mariano Azuela Güitrón, quienes coincidieron en que "deslindar a las autoridades es tan gratuito como responsabilizarlos de todo".
Por ello, se pronunciaron por tomar en cuenta las cadenas de mando para definir quién tiene que vigilar el cumplimiento entre lo que se ordena y lo que se ejecuta.
A su vez, Sergio Valls llamó a diferenciar entre las autoridades que planearon el operativo y la actuación ilegal de algunos elementos policiacos, y que en su caso las autoridades administrativas y las encargadas de procuración de justicia identifiquen a los sujetos que incurrieron en esas conductas.
Añadió que al autorizar el uso de la fuerza pública, los altos mandos no cometieron violaciones, porque afirmarlo sería como que "el mando primario tuviera que responder hasta por la más mínima ilicitud de la corporación que encabeza... existen delimitaciones y líneas de mando", enfatizó.
Una vez que la Corte finalice con el tema de las responsabilidades de los servidores públicos, pasará al tema de la propuestas de reparación del daño a los afectados.
