El viernes 22 de mayo escribí en estas líneas el respeto que sentía como ciudadano por la valentía que había mostrado el alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, al tomar la decisión de cesar de sus funciones a alrededor de 300 policías.
Como estaban y están las cosas, muchos pantalones mostró el presidente al cortar de tajo a cerca del 20% de toda la fuerza pública del Municipio.
Sin embargo, hoy nuevamente el prietito en el arroz. Después de tres semanas apenas se están llevando a cabo las acciones jurídicas para abrirles el proceso administrativo al que deben apegarse por ley, según Enrique Arroyo, presidente del Tribunal de Justicia Municipal. Lo grave de esto es que durante estas tres semanas ¡se les ha estado pagando su sueldo a los presuntos responsables de distintos hechos que los colocaron en la situación de baja!
Si se hace memoria, la Policía de Torreón, cuando ya todo era un desastre, quedó claramente evidenciada cuando un contingente de cerca de cincuenta policías, acudió al cuartel de la Policía Federal Preventiva, sito en el ejido San Miguel en el vecino Matamoros, para tratar de liberar a un compañero que había sido apenas detenido presuntamente por estar protegiendo a puchadores. Ello ocurrió en la madrugada del lunes 8 de septiembre de 2008.
Aquel vergonzoso suceso, terminó en tragedia ya que hubo detonaciones de armas de fuego que segaron la vida de un gendarme torreonense, y provocó el cese inmediato del director Alfredo Castellanos, sobre quien ya se cernían muchas sospechas de su desempeño al frente de la corporación.
Abundando al problema, Pérez Hernández reaccionó de manera extraña: defendió a medias de inicio el papel de sus subordinados agentes y no fue capaz de poner plenamente en manos federales ese asunto tan embroncado.
Con el paso de los días, fueron resguardados en la cárcel alrededor de 40 elementos que habían participado en el encontronazo con los federales, y entonces se dio una nueva postura poco comprensible: el Municipio de Torreón inició gastando dinero en la defensa legal de los presuntos oficiales inculpados, además decidió seguirles pagando su sueldo íntegro, hasta la culminación de su proceso, al que ya el juez les había dictado el auto de formal prisión.
Los meses pasaron y hubo algunos detenidos que han alcanzado su libertad, pero los que siguen recluidos, continúan aparentemente recibiendo su salario, una acción totalmente incomprensible, ¿quién le seguiría pagando un sueldo a un empleado que esté recluido en un penal? Pero cuando el dinero no es de uno, a veces se pueden ver estas cosas tan extrañas.
Hoy pues la cosa es de pena, si hace tres semanas la decisión de la separación de un número tan considerable de elementos fue apoyada por parte de la ciudadanía en general, el que ahora se tenga una posición de negociación con los individuos para su liquidación, da al traste con el respaldo natural con que el presidente municipal estaba contando.
Ahora resulta que muchos de estos sujetos que anduvieron extorsionando, secuestrando y delinquiendo con uniforme y patrulla, hoy estén en una posición de negociar, ¿pues de qué se trata esto?
Seguramente habrá personas suspendidas que quizá no tengan culpa alguna, y se debe desear que tengan acceso a una valoración justa de su actuación y que sus derechos sean respetados, pero la valiente decisión de suspender a un grupo tan grave en estos momentos, de gallarda parece por ahora transformarse en torpe e irresponsable, y parece que terminará siendo simplemente fallida.
