Vacías. Agentes municipales y estatales vigilan las casas de la colonia Humberto Moreira para evitar que las vuelvan a invadir.
Todo volvió a la calma luego de que decenas de agentes de la Policía Preventiva Estatal y de la Ministerial desalojaran a las familias que se habían posesionado de 36 casas de la colonia Humberto Moreira.
Los antecedentes se remontan al año 2006, cuando varias familias de escasos recursos, apoyadas por algunos líderes de colonos, invadieron las fincas que todavía no estaban terminadas y tenían más de un año abandonadas y rodeadas de maleza.
Además de las fincas, otras familias que no alcanzaron casas levantaron unos jacales a un lado de la colonia y así vivieron hasta el pasado jueves; aunque no tenían drenaje, agua ni energía eléctrica conectadas de manera normal.
El mismo año de la invasión, Humberto Gerardo Muro Pérez, representante de Casas Talismán, propietaria del fraccionamiento, interpuso la denuncia ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público por el delito de despojo de inmueble y en contra de quien resultara responsable.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN
La Averiguación Previa se integró y en 2008 se consignó al Juzgado Penal, con sede en San Pedro, en donde la juez, Laura Ramos García, determinó que había elementos suficientes para proceder y libró tres órdenes de aprehensión en contra de Ricardo Noris Mendoza, Raúl Salas Ramírez y Gerardo Santillán Rodríguez, quienes fueron aprehendidos hace poco más de tres meses y desde entonces se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro.
El jueves no fue un día normal para los posesionarios, pues alrededor de las 10 de la mañana llegaron los agentes estatales, dos actuarios y la juez que ordenó el desalojo, para pedirles que abandonaran las casas y sacaran todas sus pertenencias, lo cual se cumplió sin que hubiera violencia.
Los mismos agentes estatales y ministeriales ayudaron a las familias a llevar sus pertenencias a donde ellos indicaban, tarea que se prolongó hasta como las 9 de la noche y luego se dispuso que se quedaran agentes municipales y estatales vigilando la colonia.
POBREZA, UN DELITO Para Manuel Urquizo García, abogado de los posesionarios, ser pobre es un delito, pues no tienen derecho a una casita por modesta que sea; y si se atreven a invadir casas que no están ocupadas, la justicia los lleva a la cárcel.
"Esas casas tenían un año y medio solas, estaban llenas de maleza, no tenían puertas y como hay mucha gente pobre, pues se animaron a ocuparlas, además que intentaron negociar para llegar a un acuerdo y pagarlas", comenta Urquizo García, representante también de Derechos Humanos, quien considera injusto que las familias hayan quedado en la calle.
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE EL SIGLO DE TORREÓN
La historia
El desalojo tuvo lugar el jueves por la mañana
⇒ Son 36 familias de escasos recursos que se habían posesionado de las casas en forma ilegal.
⇒ Se interpuso la denuncia desde 2006 y siguió su curso hasta la aprehensión, este año, de tres personas acusadas de promover la invasión.
⇒ Los invasores intentaron negociar con la constructora para comprar las casas en abonos, sin lograrlo.
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