El Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo Federal a que suspenda, o en su caso modifique, la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación de vehículos usados, publicado el 24 de diciembre de 2008.
El acuerdo tiene como objetivo eliminar el requisito de contar con un certificado de origen emitido por la compañía armadora, que compruebe la procedencia del vehículo.
También se pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reduzca en 50% la valuación que realiza sobre los diferentes vehículos, con lo que se apoya a los sectores que necesitan los automóviles para llevar a cabo sus actividades.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, César Duarte Jáquez, quien impulsó la propuesta, señaló en su momento que resulta difícil, improbable e impráctico que un mexicano esté en posibilidades de pedir dicho certificado a una empresa extranjera.
El diputado expuso que la compra de vehículos en el país es muchas veces más costosa que en otras naciones del mundo, y ante la disminución en el otorgamiento de créditos es muy difícil adquirir uno, por lo que se recurre a la importación desde Estados Unidos.
A propuesta de los senadores Raúl Mejía González y Fernando Castro Trenti se solicita también al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales y municipales que se suspendan los operativos de decomiso y/o detención de autos irregulares de procedencia extranjera.
“Esto es congruente con las medidas adoptadas y las acciones emprendidas en términos del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 7 de enero”, se menciona en el documento.
